Por Agencias
Quito, Ecuador.- Unos 50 bloqueos de carreteras, más de una docena de detenidos y una paralización en algunas actividades económicas, producto de las protestas de transportistas y camioneros en contra del incremento del diésel, se sumaron este martes a una marcha multitudinaria en la ciudad de Cuenca, que superó las 50 mil personas, durante casi cuatro horas, en rechazo a la licencia a favor de la minera canadiense Dundee Precious Metals para explotar en la zona de reserva ecológica Quimsacocha, a 45 minutos de esa ciudad, ubicada en el sur del Ecuador.
Frente a todo ello, el presidente Daniel Noboa declaró un nuevo estado de excepción en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, precisamente el día que ya se realizaban cierres viales por la eliminación del subsidio al diésel y la marcha por la defensa del agua en Cuenca. Dentro del decreto se prohíbe la libertad de reunión. Miles se movilizaron en Cuenca, desafiando esta medida extraordinaria que podría incluir la detención de los líderes de la marcha.
Previamente, Noboa se atrincheró en un cuartel militar desde el fin de semana. En la Brigada de Fuerzas Especiales N.° 9 Patria, cerca de Latacunga, a unos 150 kilómetros al sur de Quito, instaló su gabinete. En algunas imágenes oficiales se le observa con traje militar, junto a los comandantes de las fuerzas armadas, ingresando al lugar donde se instalará temporalmente la Presidencia de la República. Lo mismo pasó con la vicepresidenta María José Pinto, quien se trasladó a la ciudad de Otavalo, a una hora de viaje, al norte de Quito.
Noboa justificó el traslado bajo el argumento de la desconcentración y organización de la Función Ejecutiva. Lo mismo hicieron los voceros oficiales, justificando que el gobierno se traslada para atender en territorio a la población directamente. Pero, en Otavalo y Latacunga las restricciones para acercarse a las oficinas gubernamentales fueron enormes, con dispositivos militares a cinco cuadras a la redonda.
Desde el lunes, varias carreteras fueron bloqueadas por gremios de transportistas y organizaciones sociales, comunitarias y campesinas. El incremento del precio del diésel, a decir de los dirigentes, encarece en más del 50 por ciento los fletes y en consecuencia los productos que se transportan. Los bloqueos no pudieron ser controlados por la Policía, a pesar de la represión ejercida con gases lacrimógenos y la movilización de miles de soldados en los puntos neurálgicos del tránsito vehicular.
Y, la noche del lunes, la Corte Constitucional rechazó el pedido de incluir en la próxima Consulta Popular la posibilidad de reducir el número de legisladores en la Asamblea Nacional. Actualmente hay 151 miembros elegidos y la solicitud de Noboa era reducirlos a 77, supuestamente para ahorrar recursos al fisco. (Orlando Pérez/La Jornada).
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