Por José Gregorio Aguilar
Cd. Victoria, Tamaulipas.- La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, anunció que el Poder Judicial presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar con mayor severidad a quienes falseen información en procesos que afectan los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La magistrada explicó que actualmente la penalidad por este delito es mínima, de apenas seis meses, pero la propuesta busca elevarla a tres o siete años de prisión, además de multas económicas más altas y la suspensión en el ejercicio profesional de los abogados que incurran en estas prácticas.
“No podemos permitir que la buena fe de los jueces sea sorprendida con datos falsos que terminan perjudicando a los menores”, subrayó.
Contreras López señaló que el Colegio de Abogados respalda la iniciativa, reconociendo la necesidad de ser más exigentes como sociedad en la defensa de los derechos de la infancia. “Cuando la falsedad proviene de padres, familiares o abogados, y genera un daño directo en custodias o procesos de menores, el Poder Judicial tiene que sancionarlo de manera ejemplar”, enfatizó.
Confirmó que ya se han identificado casos en el sur del estado y que se dio vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado para proceder conforme a la ley. “No hablamos de sospechas, hablamos de hechos que ya están sujetos a investigación”.
En paralelo, Contreras López destacó los avances logrados en los primeros 100 días de gestión, donde juezas y jueces revisan más de 3 mil 500 expedientes del sistema penal tradicional que permanecían suspendidos sin explicación. “Son vidas, hechos, impunidad que no podemos dejar en el olvido. Hoy estamos reactivando esos procesos”.
La magistrada reconoció que el rezago fue producto de abandono operativo y falta de recursos, pero aseguró que la nueva administración trabaja en soluciones concretas.
Como ejemplo, informó que ya se distribuyeron 230 computadoras en los juzgados, herramienta básica para abatir el atraso. “Es el lápiz y la pluma de cada trabajador judicial”, expresó.
El diagnóstico de los expedientes permitirá determinar si existen personas detenidas, vinculadas a proceso o con órdenes de aprehensión pendientes. El informe completo será entregado a finales de enero, con el compromiso de transparentar la situación ante la ciudadanía.
“Hoy nuestra labor no es buscar culpables, sino emprender acciones para avanzar. Con disciplina y recursos, estamos demostrando que el Poder Judicial puede dar resultados extraordinarios en poco tiempo”, concluyó.
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