Especial
Ciudad Madero, Tamaulipas. – Una investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch reveló que Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, sometía a cuota a empresas de su localidad, pero en Ciudad Madero y Altamira -incluido Victoria- hay casos semejantes que encuadran para ser investigados
Según el Gobierno Federal, Rivera Navarro abusaba de su poder para cerrar a pequeños o grandes negocios, como la casa José Cuervo, si se negaban a cubrir pagos al municipio.
El Gobierno de Jalisco confirmó que otras 10 empresas tequileras denunciaron haber sido amenazados con clausuras si rechazaban pagarle al municipio una carga de impuestos excesiva.
Ahora se sabe que el alcalde morenista utilizaba a funcionarios de Obras Públicas, Catastro y Seguridad para exigir pagos únicos o cuotas a empresas tequileras y de bebidas, incluso turísticas.
En Ciudad Madero y Altamira no existe denuncia formal por extorsiones de este tipo, pero sí hay registro de prácticas abusivas de parte de los gobiernos locales.
En el municipio gobernado por Erasmo González Robledo, también de Morena, empresarios de la construcción se quejaron de las presiones ejercidas en su contra por inspectores de Desarrollo Urbano.
La queja fue atendida por la titular, Martha Soraya Larios, una profesionista recomendada por el Colegio de Arquitectos por su capacidad y trayectoria.
Según los constructores, era una red de inspectores la que semanalmente exigía los pagos en las obras en proceso. Este personal estaba a cargo de Pedro Mario Sánchez Garza, subdirector de Desarrollo Urbano.
La arquitecta Soraya Larios intentó limpiar el departamento y acabar con los abusos, pero nadie la escuchó, y con eso desgastaron su autoridad. En consecuencia, prefirió renunciar a la Secretaría de Desarrollo Urbano en abril de 2025.
Insólitamente, tras la salida de la arquitecta, el alcalde Erasmo González le dio el cargo al mismísimo Pedro Mario Sánchez Garza, contra quien apuntaban los señalamientos.
En Altamira es conocida la costumbre del alcalde Armando Martínez Manríquez de pedir “apoyos” de 10 millones de pesos a empresas del Puerto Industrial para obras de beneficio social.
Esa fue la cantidad que logró comprometer de los industriales, el 30 de mayo de 2023, para costear el mantenimiento de una draga, pero la máquina nunca volvió a funcionar debido a un presunto desperfecto en la laguna Champayán.
También inició reuniones con las compañías Chemours, Ferromex y GT Logistics para ayudarle a construir un paso inferior en la colonia Miramar, frente a las vías del tren, de 100 millones de pesos.
Por ser obras costeadas con “ayudas”, quedan fuera de la fiscalización del Congreso del Estado, el Auditor Superior y las contralorías municipal y estatal.
“Ferromex pondría una parte, Chemours otra parte, Grupo Tampico e invitamos al Estado y otra parte el Municipio”, dijo Armando Martínez en 2023, pero el proyecto jamás se concretó.
Otros 10 millones de pesos en “ayudas” a Altamira habrían sido entregados a Armando Martínez, con la condición de mantener el suministro de agua a las industrias durante la sequía de 2024.
Un mensaje de voz de Armando Martínez, donde revela esta aportación, ha circulado en redes desde entonces, y hasta ahora no ha sido desmentida.







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