Por Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Lamentamos profundamente la declaración de la Subsecretaria de Educación del Estado de Tamaulipas, Dra. Nora Hilda de los Reyes. Sus palabras reflejan una preocupante indiferencia frente a hechos graves que no sólo afectan a la comunidad de la Secundaria General No. 2, sino que evidencian un problema que atraviesa a todo el sistema educativo: la violencia escolar y la falta de respuesta efectiva de las autoridades.
La violencia, el acoso escolar, el bullying, las agresiones físicas o psicológicas, así como la posible introducción de armas o sustancias psicotrópicas dentro de una escuela, no son hechos menores ni situaciones que puedan minimizarse. Son hechos graves que ponen en riesgo la integridad y la seguridad de nuestros hijos e hijas.
En un comunicado hecho público, los padres de familia indican que la situación es aún más delicada si se considera que esta institución ha permanecido durante largo tiempo sin una conducción clara: el director se encuentra ausente desde hace aproximadamente un año por motivos de salud y la subdirectora permanece incapacitada desde hace meses. Esto significa que la escuela ha operado prácticamente sin una figura efectiva de autoridad ni una cadena de mando capaz de atender y resolver los conflictos que se presentan al interior del plantel.
Ante esta realidad, resulta inaceptable que las preocupaciones y denuncias de los padres de familia no sean escuchadas con la seriedad que merecen. La omisión, el silencio o la minimización de los problemas no resuelven nada; por el contrario, alimentan la impunidad y profundizan la desconfianza de la comunidad hacia las instituciones.
Las escuelas existen para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación segura y libre de violencia. Ese derecho está protegido por la Constitución y corresponde al Estado garantizarlo.
Por ello, los padres de familia demandamos una solución responsable y conforme a la ley a nuestras peticiones. Los estudiantes involucrados en agresiones graves, amenazas o en la presunta introducción de armas o sustancias psicotrópicas deben ser atendidos mediante las medidas correspondientes. Esto implica su reubicación en espacios educativos adecuados y la atención psicológica necesaria, responsabilidad que corresponde a las autoridades educativas.
Lo que no puede aceptarse es que, en nombre de una interpretación equivocada de los derechos, se termine otorgando garantías de impunidad a conductas que ponen en riesgo a toda la comunidad escolar.
Cuando la autoridad se niega a actuar, la percepción que queda entre la comunidad es que existen relaciones de protección o complicidad. Y eso es exactamente lo que las autoridades deben evitar con transparencia, responsabilidad y acciones firmes.
Los padres de familia no estamos pidiendo privilegios ni castigos arbitrarios. Estamos exigiendo algo elemental: seguridad para nuestros hijos e hijas dentro de la escuela.
La educación debe ser un espacio de aprendizaje, respeto y convivencia, nunca un lugar donde la violencia sea tolerada, refirieron los padres de familia en una carta enviada a las redacciones.







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