Por Agencias
Ciudad de México.- Un juez federal de Michoacán vinculó a proceso a ocho presuntos integrantes de la organización delictiva «Del Caballito”, dedicada presuntamente a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos.
De acuerdo con las investigaciones, mediante empresas facturadoras la banda distribuía recursos dentro del sistema financiero y los transfería a propietarios de compañías beneficiadas, con el objetivo de ocultar el origen del dinero y evadir obligaciones fiscales, afectando así a la hacienda pública.
Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal imputó a los detenidos por su probable participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos, por lo que se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
No obstante, la defensa legal solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que en los próximos días se definirá su situación jurídica.
En conferencia de prensa, Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), recordó que la semana pasada autoridades federales realizaron 40 cateos simultáneos en inmuebles ubicados en Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes y Michoacán.
Durante los operativos fueron detenidas ocho personas identificadas como Michael “N”, Salvador “N”, Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Monserrat “N” y Lilia “N”, además del aseguramiento de inmuebles y documentación relacionada con las operaciones investigadas.
Lara López destacó que la investigación fue resultado del trabajo coordinado entre la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, la Agencia de Investigación Criminal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El funcionario explicó que los integrantes «Del Caballito» ofrecían a empresas esquemas de evasión fiscal y mecanismos de simulación financiera.
“Una vez diseñados los esquemas específicos para dar a sus clientes el servicio correspondiente, constituían empresas fachada, realizaban deducciones con clientes reales y posteriormente distribuían los beneficios obtenidos”, indicó.
Según las investigaciones, la organización operaba mediante al menos 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas, cuyos domicilios fiscales se ubicaban principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidenció un esquema estructurado de alcance interestatal.
La FGR señaló que las empresas vinculadas a la red ofrecían servicios de planeación laboral y asesoría financiera para posteriormente ejecutar esquemas de facturación falsa, dispersión de recursos y pago de nómina con presuntas irregularidades fiscales.
Lara López recordó que estas conductas constituyen violaciones al Código Fiscal de la Federación, el cual contempla penas de hasta nueve años de prisión por la expedición de comprobantes fiscales falsos. (César Arellano e Iván Evair Saldaña/La Jornada).
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