Por Agencias
Ciudad de México.- En las líneas de investigación que sigue el gobierno federal para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero, está el hallazgo de restos óseos, documentos oficiales y un horno crematorio clandestino, entre otros indicios en la funeraria El Ángel, el Servicio Médico Forense (Semefo) y un predio en dicha ciudad, los cuales estuvieron bajo control del grupo criminal Guerreros Unidos.
Así como el análisis de llamadas celulares que han arrojado que equipos de teléfonos de tres estudiantes estuvieron activos semanas después del ataque del 26 y 27 de septiembre.
Las indagatorias han arrojado que el dueño del velatorio, identificado como Rodolfo “N” -ya detenido junto con tres de sus familiares-, recibió llamadas de miembros vinculados con ese grupo delincuencial esa noche. Así como que semana después del ataque utilizó el equipo telefónico perteneciente al estudiante Julio César Mondragón, quien fue asesinado y desollado.
Así se dio a conocer en el primer informe público del gobierno federal sobre el caso, encabezado por Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, y presidente de la Comisión para la Verdad sobre la y el Acceso a la Justicia (Covaj); y por Mauricio Pazarán, fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República.
No obstante, reconocieron que los análisis genéticos realizados a un primer grupo de restos óseos no correspondieron a ninguno de los 43 normalistas desaparecidos.
TELEFÓNOS CELULARES DE LOS DESAPARECIDOS ESTUVIERON ACTIVOS
El análisis de la sábana de llamadas arrojó igualmente que el celular del normalista Jorge Antonio Tizapa Legideño estuvo activo semanas después de su desaparición. Fue utilizado por un ex servidor público de Iguala, Mauro “N”, entre el 23 y 15 de octubre de 2014, a casi un mes de los hechos.
También se logró identificar un dispositivo telefónico de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, el cual fue utilizado por un policía municipal de Iguala el día 30 de septiembre de 2014 y posteriormente por su pareja sentimental.
A pregunta sobre la participación de elementos de las fuerzas federales, en particular del Ejército, Medina sostuvo que hay 17 militares detenidos y bajo proceso, y que su actuaron en sus crímenes se habría dado “a título personal” y no “como institución” de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Sobre los más de 800 folios que, de acuerdo a los padres de los jóvenes, estarían en poder de la Sedena y que no habrían sido entregados, Medina sostuvo que no hay elementos para afirmar que existan, pues la institución castrense envió un documento diciendo que “tras realizar una búsqueda exhaustiva, no los halló”. “¿Se confía entonces en la palabra de la Sedena?, se le preguntó, a lo que el funcionario reiteró que existe dicho documento.
Asimismo, evitó responder a interrogante de por qué no se ha citado a declarar al ex titular de la Defensa, Salvador Cienfuegos. (Jéssica Xantomila y Emir Olivares/La Jornada).
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