Por David Zárate Cruz
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Una demanda más en contra de la Secretaría de Educación Pública (SEP) fue presentada por el cobro de cuotas escolares por un monto de 2 mil 750 pesos, lo cual es considerado como violatorio de la garantía constitucional de educación gratuita.
Sin embargo, aparentemente la coordinación de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) está negándose a recibir los citatorios judiciales, alegando que no son órgano estatal.
El Juez Sergio Santamaría Chamú, del Juzgado Decimoprimero de Distrito, resolvió: “… la razón actuarial que antecede al presente proveído, se advierte la imposibilidad que tuvo el fedatario judicial de la adscripción para notificar el oficio 29314/2017, dirigido al coordinador Estatal de la Dirección General de la Educación Tecnológica Industrial, con sede en esta ciudad, toda vez que al constituirse en las instalaciones correspondientes, fue informada que dicha autoridad no existe”.
“En consecuencia, con apoyo en lo que dispone el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de amparo, dese vista a la parte demandante, para que dentro del término de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga respecto de la inexistencia de la citada autoridad…”.
Es decir la coordinación de la DGETI en Tamaulipas está negándose a recibir los citatorios del Juzgado, con la excusa de que no es “estatal”, pero eso solamente retrasará el procedimiento, ya que sí es la institución demandada y los abogados deberán señalarle al Juez que es un organismo federal, a fin de que envíe nuevamente el citatorio a juicio y requiera el informe justificado, con el cual presenten sus pruebas de la legalidad del cobro de la cuota escolar.
El 22 de agosto se recibió en el Poder Judicial Federal en esta capital la demanda promovida por una estudiante en contra de la SEP, por el cobro de cuota como requisito de inscripción y la negativa de inscripción hasta no cubrir la cuota de dos 2 mil 750 pesos.
En este caso, el próximo 20 de septiembre podría emitirse la sentencia con base en las pruebas de ambas partes.
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