Agencias
Ciudad de México.- Después de dos años de negociarla y debatirla, este jueves se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas en la Cámara de Diputados.
Con 397 votos, el proyecto de decreto fue avalado en lo general y turnado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
Familiares de desaparecidos festejaron con aplausos y consignas la aprobación de la nueva ley, que les otorga la posibilidad de iniciar búsquedas con el apoyo de la autoridad.
«¿Dónde están? ¿dónde están, nuestros hijos, ¿dónde están?», «Hijo, escucha, tu madre está en la lucha», «¿Qué queremos? Justicia ¿Cuándo? Ahora», «¡vivos se los llevaron, vivos los queremos!», fueron los gritos que retumbaron en el Pleno mientras se llevaba a cabo la votación.
La ley busca prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas, así como los mecanismos para garantizar su localización.
A quien incurra en el delito de desaparición forzada se le impondrá una pena de 40 a 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil días multa.
Esta sanción podrá aumentar hasta en una mitad cuando la víctima pierda la vida, sea migrante, menor de edad, mujer, persona con discapacidad o adulto mayor, periodista o defensor de derechos humanos.
A la desaparición cometida por particulares se le impondrá pena de 25 a 50 años de prisión y de 4 mil a 8 mil días multa.
La nueva ley define que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo o aquiescencia de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.
«Los Superiores jerárquicos serán considerados autores del delito desaparición forzada de personas en los términos de lo previsto en la legislación penal.
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