Acusa AMIC a diputados de favorecer a amigos con millones de pesos para obras

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los diputados federales ejercen a discreción 10 mil millones de pesos cada año en obras, contratando a empresarios amigos,  sin tener la obligación de rendir cuentas a ninguna autoridad fiscalizadora de los recursos, denunció el presidente de la  Asociación Mexicana de la  Industria de la  Construcción (AMIC), Francisco Gallo Palmer.

“Ellos tienen un recurso disponible que les otorga el gobierno federal para hacer obra hasta por 20 millones de pesos en cada uno de los distritos electorales del país, pero considerando que son 500 diputados si los sumamos estamos hablando de un presupuesto anual de 10 mil millones de pesos que los señores diputados ejercen a discreción”.

Informó que la AMIC pidió  a la federación poner un alto a este tipo de prácticas  que se ven envueltas en actos de corrupción y que riñen con la transparencia y rendición de cuentas, pero además a la Secretaría de la  Función Pública (SFP) se ha solicitado que modifique los lineamientos  para la creación de las contralorías sociales.

“Las contralorías que por ley debe tener cada una de las obras que se ejecutan en este país están conformadas por los vecinos beneficiarios, y hasta ahí está bien, pero el problema es que los que integran esa comisión no están preparados ni capacitados técnicamente para verificar que las constructoras estén dando cumplimiento cabal a lo contratado”.

Gallo Palmer se pronunció para que en esas contralorías sociales se integren especialistas,  ingenieros o arquitectos. La AMIC también demanda  acabar con la asignación directa de obras pues no se garantiza transparencia además de que  muchas obras locales no cuentan con proyecto ejecutivo.

Definió a la  contraloría social como un mecanismo que legaliza la intervención de los beneficiarios en la verificación del cumplimiento de las obras y la correcta ejecución de los  recursos públicos asignados, pero la petición a la SFP es que se permita la presencia de colegios e ingenieros civiles o arquitectos, es decir, personal preparado y capacitado para asesorar a las contralorías sociales.

“Le solicitamos a la SFP que permita el acceso a esas contralorías sociales de los colegios e ingenieros civiles, de arquitectos, de universidades, para que con personal preparado, capacitado y experimentado puedan asesorar y asistir a las contralorías sociales”, concluyó.