Por David Zárate Cruz
Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT) violó las garantías de seguridad jurídica y debido proceso a un ciudadano al emitir una resolución sin señalar fehacientemente en qué artículo de ley se basó y por qué motivo no dar respuesta satisfactoria a una solicitud ciudadana.
Debido a ello, el Poder Judicial Federal otorgó el amparo al ciudadano mediante la sentencia 1049/2017, por lo que el ITAIT deberá emitir una nueva resolución, pero fundada y motivada.
El Juez José Guerrero Durán, del Juzgado Segundo de Distrito: “visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que hasta la fecha las partes interesadas no se inconformaron con el auto de 16 de noviembre de 2017, que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido dicho proveído. En su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido”.
El 29 de mayo, un ciudadano acudió ante el Poder Judicial Federal en esta capital para presentar demanda en contra del ITAIT por la resolución 61/2017 del 19 de abril del 2017, en el expediente RR7047/2017/RST, el cual consideró como violatorio de las garantías de seguridad jurídica y debido proceso, contempladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
Se presume que el ciudadano presentó un recurso de revisión en contra de una dependencia, al considerar que la misma no le respondió conforme a derecho un escrito solicitándole información pública, y una vez desarrollado todo el proceso administrativo de ley el ITAIT emitió la resolución respectiva, la cual consideró como insatisfactoria y violatoria de las garantías constitucionales concretas de fundamentación y motivación, ante lo cual recurrió al juicio de amparo.
El Juzgado emitió la sentencia otorgando el amparo para que el ITAIT emita una nueva resolución, la cual sea fundada y motivada debidamente en el cuadernillo de incidentes 2017 y la número 61/2017, la cual deberá ser notificada al demandante.
El 8 de noviembre, el organismo estatal envió al órgano judicial las pruebas del acatamiento, mismas que fueron analizadas y posteriormente se dio por cumplida.
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