Agencias
Ciudad de México.- La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) atrajo las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de Chihuahua por los presuntos desvíos de 250 millones de pesos a las campañas del PRI en 2016.
Héctor Díaz Santana, titular de la Fepade, justificó la atracción porque, tras analizar una denuncia del PAN y otra de Morena presentadas ante el organismo a su cargo, consideraron que los hechos tienen conexión con otros que ya investigaban a nivel federal.
«A partir de ahora la Fepade está en espera de que la Fiscalía de Chihuahua, en el marco de la ley, remita la investigación en curso para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades en materia penal electoral», dijo.
«Lo anterior debido a la conexidad que muestran el proceso de investigación con posibles delitos electorales del orden federal que fueron denunciados ante la Fepade por diferentes partidos políticos nacionales».
Esta decisión de la Fepade implica que si en un futuro fueran llamados a declarar personajes que han sido mencionados, como Luis Videgaray y Manlio Fabio Beltrones, no lo harán ante la Fiscalía de Chihuahua sino ante una institución que administrativamente está adscrita a la Procuraduría General de la República.
«Se llamará a comparecer a las personas que probablemente estén implicadas en el asunto», señaló Díaz Santana.
El funcionario precisó en una breve rueda de prensa que son cinco las razones por las cuales la Fepade decidió hacerse cargo de la investigación iniciada por las autoridades de Chihuahua.
Una es que la Fepade tiene la facultad de actuar cuando un partido político nacional recibe apoyos ilegales, aún cuando sean recursos estatales.
Dos, que la facultad de fiscalización de los partidos políticos es exclusivamente federal.
La tercera es que la Fepade tiene la obligación de investigar las denuncias que en febrero pasado presentaron Morena y el PAN.
La cuarta es que el Poder Judicial de la Federación resolvió en dos procesos penales en curso que los desvíos de recursos públicos del Gobierno de Chihuahua al PRI son competencia federal.
La última razón es que la facultad de atracción está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
«La atracción no varía los delitos ni las penalidades que se investigan en el fuero común», dijo el fiscal.
«El tema del financiamiento público ilícito a los partidos políticos es una demanda ciudadana, y es un aspecto fundamental para garantizar la equidad de la competencia política», agregó.
El pasado 20 de diciembre la Policía Federal y la Fiscalía de Chihuahua detuvieron en Torreón a Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI nacional, por el presunto desvío de 250 millones de pesos a las campañas de su partido en 2016. Gutiérrez está procesado por el delito de peculado.
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