Por Agencias
Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en medio de exclamaciones de júbilo de todas las bancadas, eliminar de la Constitución la inmunidad, conocida como fuero, que por décadas ha permitido a funcionarios y legisladores no ser procesados penalmente por delitos que se les imputan, y evidentes actos de corrupción que, reconocieron hoy los legisladores, ha creado un manto de impunidad que contribuyó al desprestigio de la clase política.
Por primera vez, la Cámara de Diputados -y en espera de que el Senado lo ratifique- decidió que también el Presidente de la República puede ser sometido a un juicio penal y también a juicio político.
Con 370 votos en favor y después de un consenso general que se reflejó, primero en la votación de Puntos Constitucionales, los partidos representados en la Cámara decidieron respaldar la enmienda que tiene como base 32 iniciativas de diputados, de congresos estatales y de una propuesta ciudadana.
El dictamen aprobado por la Cámara indica, respecto de una exigencia que tiene al menos tres décadas, respecto de permitir que el jefe del Ejecutivo también pueda ser enjuiciado “un tema tratado por la sociedad consiste en una figura emblemática de servidor público: el Presidente de la República. Por ello se elimina el primer párrafo del artículo 108 constitucional”. Tal precepto define que el Presidente, durante su encargo, “sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.
En el caso de los diputados federales y senadores, se suprimió la obligación de que, cuando sean acusados de cualquier delito para que sean procesados, se exija un juicio de procedencia. No obstante y para preservar la inviolabilidad de los recintos parlamentarios, se mantiene la obligación de los presidentes de las dos cámaras de Congreso de velar por el respeto y la inviolabilidad de los edificios donde se sesiona.
Para la Cámara, la consecuencia inmediata que se espera con la entrada en vigor de la reforma, si ésta es avalada por el Senado y después por el Constituyente Permanente, será “los primeros casos en los que no operaría la figura del fuero constitucional y los implicados enfrentarían el proceso penal, como cualquier otro ciudadano”.
En la Cámara de Diputados están pendientes tres casos de desafuero, el de Tarek Abdalá, quien fue tesorero en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y que fue acusado por la Fiscalía de Veracruz por peculado; de Alberto Silva, ex vocero de Duarte y Bárbara Botello Santibáñez, señalada por la Fiscalía de Guanajuato, de peculado cuando fue alcaldesa de León. (La Jornada).
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