Por Agencias
Ciudad de México. El Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas descartó este jueves que se tenga que aclarar la resolución del pasado 4 de junio la cual ordena a la Procuraduría general de la república (PGR) reponer el procedimiento a siete personas, cuatro presuntamente ligados al cártel Guerreros Unidos, quienes confesaron el secuestro, asesinato y quema de los 43 normalistas desaparecidos, así como crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia, al concluir que la indagatoria no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Ante la polémica que ha suscitado el fallo inédito, los magistrados resolvieron improcedente el recurso de aclaración de sentencia promovida por Presidencia de la República así como la Cámara de Diputados, al consideraron que los planteamientos no son materia “de un trámite de aclaración de sentencia, que se constriñe a corregir posibles errores del documento, a fin de que concuerde con la sentencia, como acto jurídico decisorio, sin alterar su esencia.
“Este tribunal colegiado considera que no se surte algún supuesto de error, ambigüedad o contradicción en el documento que amerite su aclaración; por el sólo hecho de que se haya ordenado hacer de su conocimiento el contenido de la ejecutoria de amparo”.
Y estimaron que en dado caso las autoridades tienen que recurrir al Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito, en Reynosa, a quien compete ejecutar la orden de crear la comisión de la verdad.
Ayer el Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito ordenó notificar a familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa para que integren la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala de acuerdo a la sentencia de amparo.
Esta comisión estaría integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la Federación. En su momento, los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito determinaron que serán los dos primeros los encargados de resolver las líneas de investigación que se deben seguir así como las pruebas a desahogar, además de que podrán validar la incorporación de más organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que son defensoras de las garantías fundamentales. (La Jornada).
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