Por Felipe Martínez Chávez
Parte III
Cd. Victoria, Tamaulipas.- A finales del 2010 prácticamente vendieron una parte del presupuesto de Victoria por espacio de diez años. Pidieron a Banca Santander un préstamo por 50 millones de pesos para devolverle, con intereses y otros costos, un total de 114 millones.
El capital fue de 50. Los intereses acumularán más del doble, 64 millones ¿es moral hacerlo si se trata de dineros públicos y no de ellos?.
Son el ex gobernador Eugenio Hernández Flores, su entonces secretario de Finanzas, Oscar Almaraz Smer y el ex alcalde Arturo Díez Gutiérrez, adueñados ahora del ayuntamiento capitalino por obra y gracia de otro depredador público, Egidio Torre Cantú.
La decisión fue tomada por Eugenio; como orquestador “obligado solidario” Almaz, y el que recibió los beneficios Díez Gutiérrez. De los recursos es fecha que no se sabe a dónde fueron a parar y no se investigará jamás. ¿A proveedores? ¿A cuentas personales de ellos?. No se sabe aún.
La especulación se da porque, aquellos que saben sin ser cómplices, nunca informaron.
En la parte final del documento signado en el ocaso de aquella nefasta administración victorense, el 16 de diciembre, también estamparon su firma el segundo síndico Luis Enrique Arreola Vidal -dos veces aspirante a dirigir los destinos del PRI en el estado- y el tesorero Federico González Fernández.
Faltaban 15 días para que terminaran los dos gobiernos, el estatal de Hernández y el local de Díez, señalados más tarde de haber embargado el Impuesto Sobre Nóminas y las participaciones federales hasta por 30 años continuos.
Ese mismo día inscribieron el documento en el Registro Estatal y Municipal de Deuda Pública. Se fijaban las obligaciones de pagar por largos años, capital, impuestos e intereses. La deuda más grande adquirida por el municipio capitalino, en ese entonces con un presupuesto de poco más de 400 millones de pesos anuales. Se orquestaba un gran atraco al erario.
Con fecha 20 de diciembre, los actores hicieron la inscripción en la Secretaría de Hacienda ante el área de Financiamiento y Vinculación con Entidades Federativas, dirección de Deuda Pública de Entidades Federativas y Municipios, esto de acuerdo con el artículo Noveno de la Ley de Coordinación Fiscal y su Reglamento, que no da atribuciones de evitar endeudamientos excesivos a las instancias públicas. Es un requisito que nació muerto en los proyectos de la lucha contra la corrupción. Se le dio el número de inscripción 5297/2010.
La de Díez Gutiérrez había sido (ha sido) la más desastrosa administración de Victoria. En su intención de ser candidato a Gobernador gastó a manos llenas en una precampaña que un Congreso del Estado dócil y cómplice de su mismo partido, jamás le auditó.
Esos mismos que endeudaron por largos años al municipio se apoderaron del ayuntamiento con Oscar Almaraz a la cabeza. Lo heredaron del egidismo y lo utilizaron como “caja chica” de un proceso electoral que culminó en 2018, en que la ciudadanía les dio la espalda. Perdieron con amplio margen.
No gastaron de sus bolsillos, de ahí salieron recursos para la precampaña y campaña. El financiamiento del PRI.
Ya solo falta que, para complementar el cuadro, antes de emprender la huida, en septiembre del 2018, soliciten otro préstamo bancario a largo plazo y vuelvan a dejar embargada la Tesorería para realizar otra loca precampaña rumbo a la gubernatura, esta vez desde el CDE priísta. Les falta dinero, ampliaron las condonaciones de recargos en el impuesto predial tratando de enamorar a los propietarios de predios.
Los detalles de aquel contrato con la banca comercial jamás se dieron a conocer. Fue un tema prohibido para la administración posterior encabezada por Miguel González Salum, quien protegió las cuentas de Arturo Díez y simplemente dio la vuelta a la página y se puso a trabajar con muchas carencias. Desde palacio le habían ordenado que se abstuviera de dar información de aquel atraco que los causantes victorenses siguen pagando sin razón.
Con organización, al fin contador público, y apretando el cinturón a gobierno y pueblo, Almaraz supo terminar su trienio con la bandera en alto. Fue su cómplice involuntario.
Ocho años después, y a precios actuales –sin tomar en cuenta la inflación- ahora sabemos que los 114 millones serían suficientes para comprar hasta 80 camiones de limpieza con capacidad de 12 metros cúbicos (como los que se compraron con apoyo federal).
Sumando capital, pago del impuesto al banco (que ellos deberían cubrirlo porque son sus ganancias) y los intereses, representan más que el préstamo.
EL BANCO PUEDE AUDITAR LAS FINANZAS MUNICIPALES
Para la realización del crédito fue autorizado un fideicomiso en que el dinero, una parte de los recursos que llegan de la federación por concepto de participaciones, serán depositados para que se cobre directamente.
En caso de haber negligencia o incumplimiento, los banqueros se cobrarán a lo chino. Así lo dicen los últimos párrafos del compromiso.
-Las partes convienen en que, en caso de incumplimiento por parte del municipio a cualquiera de las obligaciones a su cargo contraídas en este Contrato, el Banco podrá obtener el pago del SALDO INSOLUTO del crédito y de sus accesorios, y que el estado de cuenta certificado por el contador general del Banco, conjuntamente con el presente Contrato, constituirán título ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firma o de cualquier otro requisito, y harán prueba plena en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, para fijar los saldos resultantes a cargo del Municipio.
Algo más: El presente contrato constituye el acuerdo único entre las partes con relación al objeto del mismo y deja sin efecto cualquier propuesta, negociación, comunicación o acuerdo entre éstas, ya sea oral o escrito realizado con anterioridad a la fecha de su firma.
Hace ver dicho papel que, en caso de haber judicialización, “las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad de México, Distrito Federal, renunciando expresamente a cualquier otro fuero al que tengan derecho o lleguen a tenerlo en virtud de su domicilio o cualquier otra razón”.
Por ello, en caso de llegar a los tribunales, el asunto no podrá ventilarse en Tamaulipas conforme a nuestras leyes locales (aunque se basan en ellas para exigir compromisos).
Los gastos para la celebración del contrato, habían sido ya pagados por el solicitante, o sea el pueblo victorense.
Si bien el Congreso del Estado y la Contraloría Gubernamental jamás fiscalizaron estrictamente las arcas municipales, o si lo hicieron no dieron a conocer la información, Almaraz y Díez Gutiérrez autorizaron que el Banco Santander revise periódicamente (cuando lo desee) la capacidad de pago del ayuntamiento. Se le deberán enviar los documentos a domicilio.
-El municipio ratifica la autorización que previa, expresa e irrevocablemente otorgó al Banco en documento por separado, para que solicite a las Sociedades de Información Crediticia Nacional que considere necesarias, toda la información relativa a su historial crediticio.
De igual manera el Banco quedó autorizado para realizar revisiones periódicas y proporcionar información financiera por espacio de diez años… Hasta que el Crédito materia del presente Contrato sea liquidado en su totalidad, o bien en tanto exista una relación jurídica entre el Municipio y el Banco.
LOS VICTORENSES PAGAN EL IVA DEL BANCO
Almaraz y Díez Gutiérrez se comprometieron a pagar aun en contra de desastres fortuitos o de fuerza natural.
El Código Civil para el Estado de Tamaulipas dice:
Artículo 1167.- Nadie está obligado a cumplir una obligación si no es posible hacerlo con motivo de caso fortuito o fuerza mayor, a menos que haya contribuido a ellos, haya aceptado ese riesgo o la Ley se lo imponga. Se entiende por caso fortuito todo acontecimiento natural, previsible o imprevisible pero inevitable, por virtud del cual se pierde el bien o se imposibilite el cumplimiento de la obligación. Se entiende por fuerza mayor todo hecho previsible o imprevisible, pero inevitable, proveniente de uno o más terceros determinados o indeterminados, por virtud del cual se pierda el bien o se imposibilite el cumplimiento de la obligación.
Sin embargo, los que firmaron, Díez Gutiérrez y Almaraz, establecieron:
-La acreditada se obliga a cumplir íntegramente las obligaciones que contrae, aun en caso fortuito o de fuerza mayor y acepta su responsabilidad, de acuerdo con el artículo 2111 (dos mil ciento once) del Código Civil Federal y el artículo 1167 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas.
Otra de las obligaciones a que se sometió el municipio fue mantener un “depósito” por adelantado del monto de los “abonos”, ello con el fin de “cubrir eventuales faltas de liquidez” en la cuenta del fideicomiso integrado para administrar las participaciones federales embargadas.
-La acreditada se obliga a constituir y, en su caso, a restituir el Fondo de Reserva para el Pago de Capital e intereses en los términos previstos en el presente Crédito, que se integrará por un monto equivalente a dos (dos) meses del servicio de deuda que se mantendrá en la Cuenta del Fideicomiso.
Dicho Fideicomiso se mantendrá por lo menos hasta el 16 de diciembre del 2020, fecha en que Victoria debe pagar el último de los abonos mensuales.
En el ejercicio 2017 la Tesorería de Victoria pagó por la deuda y sus costos la suma de nueve millones 300 mil pesos, que representan el 1.31 por ciento del presupuesto. La misma cifra está registrada en el presupuesto de egresos del 2016 y 2015. Se le pagaron a banco Santander.
Un informe de la deuda hasta abril del 2018 señala que la cuenta por pagar es de 13.7 millones de pesos. Para que la ciudadanía no se entere del atraco, solo informan del capital y no los intereses.
En 2018, el ayuntamiento almaracista pagará 6.6 millones de pesos por ese concepto. El finiquito es a diciembre del 2020.
Donde hay una variación es en 2014, donde la cuenta fue de nueve millones 650 mil. El promedio anual desde el 2011 es de 9.3 millones.
Al final, los 50 se habrán convertido en 114 millones salidos de las arcas del pueblo victorense, y en detrimento y deterioro de los servicios públicos como limpieza y conservación de calles. El costo del empréstito saldrá más caro que el mismo capital. Más caro el caldo que las albóndigas.
El desvío para el banco representa el 16 por ciento de las participaciones del Ramo 28, Fondo General de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, que irrevocablemente (es la palabra que usan) va a dar desde la Tesorería de la Federación al fideicomiso para cubrir los “abonos chiquitos”.
Hay que cubrir no solo la deuda, sino: Contribuciones, el IVA (del que presta el recurso), gastos, costos, honorarios, comisiones, intereses moratorios, intereses ordinarios y el remanente capital.
La tasa de interés anual o mensual no se fija claramente. Los documentos dicen que se calculará cada mes según la Tasa Interbancaria más varios puntos no precisados (los informes de deuda remitidos por el ayuntamiento al Congreso del Estado dicen que es la TIIE más dos puntos porcentuales).
Hay gato encerrado y así lo encubrieron los funcionarios. Los victorenses tenemos que pagar el IVA por las ganancias del banco.
Veamos: Anualmente el municipio destina un promedio del millón 500 mil pesos para el pago de los intereses (presupuesto de egresos). El capital es por siete millones 800 mil.
Si no hubiera impuestos ni más costos, anualmente se estarían aportando cinco millones (cerrados) de capital y 1.5 de intereses que significan 6.5 por año. En cambio, el desembolso anual es por más de nueve millones e inclusive llegó a diez en los primeros años.
De ese tamaño fue el “chistecito” que, en su huida, se aventaron Eugenio, Almaraz y Díez. Es la herencia que dejaron hasta el 2020. Como no es su dinero pidieron prestado y siguen viviendo del presupuesto local. Ahora que tomaron la alcaldía como suya.
LA SINIESTRA MANO DE ALMARAZ
Desde 2010 la siniestra mano de Oscar Almaraz ha estado sobre Victoria. Primero como secretario de Finanzas del gobierno, diputado local y ahora ¡como alcalde!. El coyote a cuidar las gallinas. Su proyecto a mediano plazo era la reelección, a largo conquistar la gubernatura. Se les cayó.
En ese contrato de embargo de los recursos municipales, Almaraz asentó:
-Con fundamento en lo dispuesto en artículos 12 fracción III y IV, de la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas, el C. Secretario de Finanzas cuenta con facultades y autorizaciones suficientes para la celebración y firma de ese contrato, las cuales no le han sido revocadas para a lo aquí pactado.
-Los actos que se hacen constar en el presente contrato están comprendidos dentro de las facultades del Secretario de Finanzas, según lo dispuesto en los numerales y ordenamientos señalados en el inciso anterior. Está de acuerdo en constituirse como OBLIGADO SOLIDARIO del municipio a favor del BANCO.
Había prisa por saquear las arcas municipales para conseguir dinero que no se sabe a dónde fue a parar.
El decreto de autorización LX-1841 para que el gobierno estatal se convirtiera en deudor solidario, fue emitido por el pleno del Congreso del Estado con fecha 14 de diciembre. Al día siguiente, miércoles 15 de diciembre (del 2010) se publicó en el Periódico Oficial del Estado y el contrato con el banco se firmó el 16.
Pero hubo un engaño inicial. La resolución del legislativo dice que es un crédito con Banobras que “será destinado precisa y exclusivamente a financiar la ejecución de diversos proyectos productivos acordes con los planes de inversión pública productiva del Municipio de Victoria, Tamaulipas, más los accesorios financieros, las comisiones respectivas y el Impuesto al Valor Agregado”.
Hay un engaño que dice que el crédito será de Banobras “y/o cualquier otra institución financiera apropiada, respecto al programa de financiamiento correspondiente”.
Una burla. Ya tenían los compromisos con la banca comercial. No es posible que en tres días lo aprobara el Congreso, se publicara y firmaran el contrato con Santander.
De todas maneras siguió la farsa en el Decreto del Poder Legislativo: “Los contratos de obra pública, de servicios o compraventa correspondientes a la aplicación de los recursos crediticios, serán celebrados por el acreditado con la empresa constructora o proveedora respectiva, conforme al procedimiento legal aplicable”.
Nunca se supo qué obras se realizaron, o a qué empresas se les pagó. Díez Gutiérrez terminó el último de diciembre y se fue de la ciudad. Almaraz llegó como diputado local “dedeado” por su amigo Eugenio. El nuevo alcalde, González Salum, se encerró a piedra y lodo con la información que hasta hoy se desconoce.
Puede calificarse como uno de los atracos más grandes y descarados que ha sufrido el erario del municipio capitalino. Se realizó con toda impunidad, sin rendirle cuentas a los órganos de fiscalización y menos a la ciudadanía.
MAS AUDITADOS QUE LA CONTRALORIA Y EL CONGRESO
Ni el Congreso del Estado ni la Contraloría mantienen tanta vigilancia sobre los estados financieros y manejos económicos de Victoria, que Santander. Menos se da a conocer a la ciudanía a través del Portal de Transparencia, los medios de comunicación o redes sociales. Al banco sí le tienen que informar.
Los señores que embargaron los recursos provenientes de la federación, obligaron a las siguientes cuatro administraciones a:
-Proporcionar al banco copia de la información financiera y contable correspondiente al cierre anual del ejercicio inmediato anterior (Cuenta Pública) de donde se refleje la situación financiera de la entidad, dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la presentada ante el Congreso del Estado.
-Entregar su Información Financiera Auditada la cual deberá incluir: El dictamen del auditor, estado financiero (balance, estado de resultados) y las notas de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior o, en su caso, reporte de la Cuenta Pública aprobado por el Congreso Local en un plazo no mayor al 30 días de emitido el decreto correspondiente.
-Mantener la contabilidad de acuerdo a los principios de la Ley General de Contabilidad Pública Gubernamental, a sus Leyes sobre presupuesto, contabilidad y gasto público estatal y municipal.
-Incluir dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Victoria, Tamaulipas, las partidas necesarias y los montos suficientes para cubrir el servicio de la deuda.
Así fue el atraco, con toda alevosía y ventaja.
El decreto dice que “los plazos pactados podrán ser modificados por convenio entre las partes, cuando así lo autorice el banco acreditante”, pero el contrato señala que la Tesorería de Victoria tendrá que pagar “una comisión por estructuración de crédito equivalente al .30 por ciento calculada sobre el importe del crédito”.
Sería algo así como 150 mil pesos. De los banqueros nada es gratis.
Es la historia del gran atraco al municipio de la ciudad capital. Si se repite, los actores no tienen progenitora.
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