Por Agencias
Nueva York.- Una jueza de Nueva York condenó este martes a 30 años de prisión a un mexicano por encabezar un negocio de lavado de dinero que movió al menos 250 millones de dólares procedentes del tráfico de drogas a cárteles situados en México y Centroamérica.
Jesús Rodríguez Jiménez, de 47 años, utilizó para el blanqueo una red de empresas ficticia, cuentas pantalla y servicios de envío de dinero en Estados Unidos y Europa, y así «facilitó el tráfico de cantidades masivas de narcóticos por el mundo», según informó la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York.
El individuo, al que seguía la Agencia Federal Antidrogas (DEA) estadounidense desde julio de 2013, está involucrado en el tráfico de cientos de kilogramos de cocaína y heroína, entre otras drogas, y en la repatriación de millones de dólares de beneficios de esos negocios desde Estados Unidos hasta los cárteles mexicanos.
Además de los 30 años de prisión a los que fue sentenciado hoy en una corte federal de Manhattan, Rodríguez deberá someterse a tres años de vigilancia una vez liberado y reembolsar 284 millones de dólares por los fondos lavados.
A través de una red empresarial que incluía su propio negocio de vehículos blindados, Rodríguez introducía narcodólares de las calles de Nueva York, Chicago, Detroit y Filadelfia en el sistema bancario y los movía donde los cárteles querían, repatriando su valor a México mediante lavados de dinero basados en el comercio.
Siguiendo las directrices de los cárteles, Rodríguez enviaba esos fondos a empresas en China, Hong Kong y Taiwán, que a su vez despachaban mercancías a países productores de drogas, donde los distribuidores pagaban por los bienes recibidos un precio reducido en moneda local que llegaba a los cárteles.
La Fiscalía explicó, además, que el sujeto «controlaba su imperio de lavado mediante el miedo y la intimidación», ya que en julio de 2015 la DEA se incautó de 100.000 dólares de un transportista de la organización en Atlanta y, al enterarse, Rodríguez le ordenó ir a Monterrey (México) a dar explicaciones.
El transportista, Sergio Urbina, que también está imputado por la Justicia a raíz de la investigación, fue sometido por los subordinados de Rodríguez a días de interrogatorios que incluyeron un test con un polígrafo falso.
Rodríguez finalmente obligó a Urbina a ejecutar un pagaré falso que luego utilizó para intentar responsabilizar al transportista por la incautación, llegando a emprender contra él una acción civil fraudulenta que continuó desde la cárcel.
La organización de lavado de dinero que dirigía el sujeto tenía vínculos con Panamá, México, Italia, Hungría y China, según documentos de la corte, y la investigación ha resultado en otros ocho individuos imputados, entre ellos Filippo Magni, extraditado desde Italia a principios de verano.
En 2016, la Fiscalía anunció cargos para seis individuos involucrados en un negocio internacional de lavado de dinero, entre ellos Rodríguez y Urbina, e indicó entonces que la pesquisa estaba relacionada con una investigación sobre el narcotraficante mexicano Roberto Ponce-Rocha.
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