Por David Zárate Cruz
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Por un ordenamiento del Poder Judicial Federal, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) deberá pagar la prima de antigüedad que le estaba escamoteando desde el 26 de septiembre de 1979 (36 años y siete meses) a una maestra jubilada de la entidad.
Por medio de la ejecutoria 105/2017, magistrados federales le negaron el amparo a la SET por argumentar que el 22 de mayo de 1992 la maestra demandante fue transferida de la Federación al Estado, cuando ella siempre fue personal federalizado.
El magistrado Daniel Ricardo Flores López, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, determinó que la actora pertenece al personal estatal, y como consecuencia debe ser considerada como trabajadora con plaza federalizada, circunstancia que no se encontraba prevista dentro de lo dispuesto por el Convenio de Modernización de la Educación Básica, por lo que el Convenio de Transferencia de los Servicios de Educación Básica no le reporta beneficio al Estado.
El 8 de febrero del 2017 se presentó en el Poder Judicial Federal en esta capital la demanda interpuesta por la administración estatal (SET) en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Tcatsem), por el Laudo de 8 de diciembre de 2016 el juicio laboral 140/E/2016, considerándolo violatorio de las garantías de seguridad jurídica y debido proceso.
En un principio, la maestra demando al Estado ante el Tcatsem, señalando que el 26 de septiembre de 1979 inició a laborar para la hoy SET, habiendo trabajado de manera ininterrumpida y normalmente desde dicha fecha hasta su jubilación, que se le otorgó a partir del día 31 de diciembre de 2015.
Sin embargo, es el caso que al momento de su jubilación la demandada SET no se le cubrió el pago de la prima de antigüedad, por lo que reclamó dicha prestación.
El 8 de diciembre de 2016, el Tcatsem emitió el Laudo condenando a la administración estatal a pagar la prima de antigüedad, por 36 años y siete meses; ante lo cual la SET recurrió al juicio de amparo, argumentando que el período laboral de la maestra fue de 23 años y 7 meses y no 36 años y 3 meses, por haber sido transferida al Estado, por el Convenio de Modernización de la Educación Básica.
El Magistrado Daniel Ricardo Flores López, a quien correspondió estudiar el asunto, determinó que el Tcatsem tomó en consideración las diversas pruebas del Estado, como son la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones. En la primera, determinó que no le reportaba beneficios para acreditar que la trabajadora perteneció al personal transferido en base al convenio multicitado, toda vez que con anterioridad quedó demostrado que la actora perteneció al personal estatal a partir de 1979.
En tal virtud, al no haber controvertido la consideración en que se basó la autoridad para condenar al demandado, se estimó que debe quedar incólume tal determinación; de ahí lo inoperante de los motivos de disenso, por lo que propuso negar el amparo, lo cual fue aprobado por el pleno judicial y ahora el Tcatsem deberá obligar a la parte demandada al pago de la prima de antigüedad.
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