Por Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El que sigue es un resumen del libro “Corrupción en Comapas de Tamaulipas” que este lunes presentó su autor Felipe Martínez Chávez. Es una obra de 134 páginas dividida en IV capítulos. Analiza la situación en ocho comisiones de Agua Potable y Alcantarillado.
El resumen es que han tocado fondo, están en quiebra, con deudas millonarias y un tremendo rezago de cuentas por cobrar. No tienen remedio, la corrupción las devoró. El Congreso del Estado -el que las creó-, requiere darles fin para generar nuevos organismos que efectivamente cumplan con la misión de resolver las necesidades de agua de los tamaulipecos.
En nuestros tiempos, pronunciar su nombre es sinónimo de corrupción.
Hablar de las comisiones de Aguas Potable y Alcantarillado nos conduce inmediatamente a pensar en acciones de deshonestidad. La voz popular se ha formado el estereotipo en base a experiencias de la vida real.
Por largo trecho han sido explicadas como las “cajas chicas” de los políticos que hacen futurismo o alcaldes en turno. A nadie le piden permiso ni rinden cuentas de lo que van a hacer. Cuando ya lo hicieron, la Auditoría Superior del Congreso del Estado no tiene tiempo ni elementos para una completa fiscalización.
Hoy esos organismos han tocado fondo, están en quiebra con deudas millonarias difíciles de saldar.
Dos son los factores predominantes para mandarlas a la bancarrota: Un sindicalismo trasnochado que reclama cada vez más privilegios, y los altos sueldos y prestaciones de los funcionarios.
Por largos años succionaron por los tubos del vital líquido, gozaron de los huevos de la gallina hasta que, en una desmedida ambición de conseguir una tajada mayor, la asesinaron para hurgar en su panza. Ya la tienen para la cena, la última cena en que los invitados son muy pocos.
Sobra personal de confianza y sindicalizado, exigen y ganan lo que quieren. Van mucho más allá de las prestaciones ordinarias que conceden las leyes laborales.
La CTM hizo sus propias leyes para ganar y parasitar a costillas de los usuarios del servicio de agua entubada.
En las comisiones de Agua se encuentran enquistados los últimos reductos del sindicalismo intolerante de los setentas, tiempos del absolutismo priísta. Se apoderaron de las descentralizadas donde hacen y deshacen a su antojo, como es el caso de Reynosa donde ordenan tres sindicatos dispuestos a trabajar lo menos posible y sacar el mayor provecho.
No pagan el agua que consumen, ni cuota obrera del Seguro Social, Infonavit, Afore y hasta las mensualidades por la asignación de casas debe pagar el “patrón”.
FABULOSAS REMUNERACIONES AL PERSONAL
Están en quiebra pero sus funcionarios gozan de altos sueldos, vehículos y privilegios varios mientras, para mantener ese tren de vida del personal y solventar las exigencias de un sindicalismo voraz e insaciable, cada vez incrementan las tarifas a los clientes (aquellos que pagan) cautivos.
De los ocho organismos operadores analizados, el gerente general que más gana es el de Matamoros con un ingreso de 136 mil 687 pesos mensuales netos (bruto y neto es similar). El que menos el de Mante (en apariencia) con alrededor de 43 mil pesos, según los registros.
El caso del mantense es especial porque trabaja para la Comisión Estatal del Agua (Ceat) como jefe del Departamento de Apoyo a la Operación, donde su sueldo fijo sigue siendo de 13 mil 874.75 pesos cada 30 días.
Como gerente provisional se deja pagar otros 29 mil mensuales (ya con el impuesto) por servicios profesionales, lo que suma 42 mil 874.
De los mejor remunerados, después de Matamoros está Río Bravo, una pequeña estructura cuyo titular percibe 115 mil 181 pesos; Altamira con 108 mil 630, Nuevo Laredo 85 mil 032 y Victoria cuyo gerente ingresa 63 mil.
La COMAPA Zona Conurbada cuenta con la burocracia más obesa: 255 funcionarios entre gerentes, coordinadores y hasta jefes de departamento.
En los organismos puede haber fallas del abasto de agua, falta de vehículos para cumplir tareas, insumos básicos, pero no se ha conocido que algún gerente o los consejos de administración decidan suspender los sueldos de los jefes para responder cabalmente a la ciudadanía.
IMPONEN LAS TARIFAS QUE QUIEREN
Aunque es un tema que afectada la economía de los tamaulipecos, la autorización de los cobros y aumentos no pasa por el Congreso del Estado ni por los cabildos de los municipios. Se sirven con la cuchara grande. Cada que ven afectadas sus finanzas acuerdan aumentar tarifas.
Por reformas a la Ley de Aguas del Estado los cobros deben aumentar cada año como parte de las alzas inflacionarias. Así lo tolera la Comisión Estatal del Agua y pareciera que lo fomenta para no tener que sacar más bueyes de la barranca.
De esta manera los cobros se elevan cada vez en perjuicio del bolsillo de unos cuantos. Hay poblaciones en que más del 50 por ciento se rehúsa a pagar sus recibos porque no tienen agua y los drenajes no sirven. Caso concreto el de Reynosa donde la gente vive momentos de crisis por fugas y hundimientos.
La carga se va sobre los usuarios al imponer cuotas por drenaje según el consumo de agua. Algo de nunca terminar. Llegará el momento en que cobren el ciento por ciento de drenaje, y un motivo más que acaban de “inventar”: El saneamiento.
NO PAGAN IMPUESTOS, IMSS, INFONAVIT
Los sindicalizados no pagan impuestos a Hacienda (ISR), cuotas del Seguro Social e Infonavit (por beneficios de préstamos para vivienda), ni fondo de ahorro para el retiro (las Afore). El “patrón” las cubre. Son “conquistas” de la Revolución Mexicana acumuladas en los últimos años.
A través de contratos abusivos, llevan doble jubilación. Obligan a las empresas a pensionarlos a los 28 años de servicios con salarios tabulados del ciento por ciento. Están incorporados al Seguro Social pero a éste no lo necesitan ni para las incapacidades por borracheras y crudas (primeros tres días de incapacidad). El pago sale de las Comapas que es lo mismo los bolsillos de los usuarios.
El contenido del Contrato Colectivo de la Junta de Aguas de Matamoros dice textual:
“El sindicato está de acuerdo en que La Empresa deduzca del salario de los trabajadores a su servicio la cuota obrera del IMSS, y los impuestos sobre productos del trabajo correspondiente”.
Pero en seguida agrega: “La empresa se obliga a establecer un ‘bono de asistencia social’ a favor de sus trabajadores, pagando semanalmente el equivalente al monto de la cuota obrera del IMSS y el importe del Impuesto Sobre Productos del Trabajo que le sea retenido al trabajador, con el propósito de que su salario no sufra deducción alguna”.
En el organismo de Victoria se da la misma mecánica: La Comapa pagará el 100 por ciento por Impuesto Sobre la Renta y fondo de ahorro.
El “machote” cetemista se repite en las ocho comisiones seleccionadas para el presente análisis. Es el puro ganar ganar de los privilegiados sin sacrificar nada a cambio.
CORRUPCION EN COMAPA NUEVO LAREDO
En oficio del 27 noviembre 2017 enviado por el Auditor Superior, Jorge Espino Ascanio al gerente general Rodolfo González Morales, le hace saber que “se determinaron 14 observaciones las cuales no fueron justificadas, solventadas y/o aclaradas durante el término establecido en el pliego de observaciones, mediante oficio recibido en esta Auditoría en fecha 08 de noviembre de 2017, conforme al artículo 54 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de Tamaulipas, quedando en trámite, mismas que podrían afectar al patrimonio de la entidad sujeta a fiscalización, determinándose probables perjuicios por $15,834,162 (Quince millones, ochocientos treinta y cuatro mil ciento sesenta y dos pesos).
Asimismo se emitió una recomendación la cual fue atendida en el término establecido en la disposición legal antes mencionada”.
Sobre la auditoría.
1.- No presentó documentación comprobatoria de anticipos por adquisición de bienes o servicios por la suma de $405,283.00.
2.- Con base en los comprobantes fiscales digitales, se determinaron pagos superiores a los registros contables por $22,486.127.21. Pagos a servidores públicos por 8,869.503.76 en virtud de que no se identificaron los RFC de los archivos XML de 66 empleados de nómina.
3.- No fue posible identificar el horario normal de los tiempos extras por $13,474,348.00. No se proporcionó programa de trabajo que sustente esas horas extras.
4.- En materiales y suministros, otros materiales, fibra sintética, hules plásticos y derivados, la documentación proporcionada no justificó las adjudicaciones y de pedidos y/o contratos de pedidos por 6,360,841.37 pesos.
5.- No proporcionó documentación del proceso de adjudicación en base a la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado y sus municipios, por $49,110.00.
6.- No proporcionó evidencia documental de la administración y control de combustibles, documentación de procedimientos de adjudicación.
7.- No justificó las adjudicaciones de pedidos y/o contratos a proveedores por $922,757.
8.- No justificó pago de accesorios en cumplimiento de contribuciones por $982,660, ni fincó responsabilidades para resarcir el daño patrimonial ocasionado.
Tales irregularidades sumaron un promedio de 45 millones de pesos. Pero no es que el mal se haya erradicado en los años recientes. No los difunden, ni el órgano fiscalizador se ocupa de hacerlo.
Es la corrupción permanente de los operadores de agua potable y alcantarillado que la autoridad competente no ha podido erradicar. Falta voluntad política para meter orden y mandar a la cárcel a los ladrones del presupuesto.
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