Por Agencias
Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) soliciten al gobierno de Guatemala la autorización para que la Fiscalía estatal de Veracruz ejecute la orden de aprehensión contra el exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa por el delito de desaparición forzada.
Durante el debate en el pleno de la Cámara alta, los senadores del PAN, PRD y MC consideraron que la sentencia de nueve años de prisión dictada a Javier Duarte es “insuficiente” y “ridícula” por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, al tiempo que culparon al gobierno federal por falta de rigor en el combate a la corrupción.
Al exponer en tribuna el punto de acuerdo, la senadora panista Indira de Jesús Rosales San Román argumentó que en febrero de 2018, en la operación “Tiro de Gracia” fueron detenidos 19 exservidores públicos del gobierno de Javier Duarte, incluido el extitular de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, por haber implementado “una política sistemática de uso de la desaparición forzada de personas”.
Los imputados en esta operación fueron vinculados a proceso y enfrentan penas “de hasta 90 años de prisión”. La Fiscalía General de Veracruz obtuvo orden de aprehensión contra Javier Duarte “al contar con datos de prueba que acreditan que dichas desapariciones forzadas y su ocultamiento no sólo se realizaban con su conocimiento, sino por instrucciones del propio gobernador”, abundó.
En Veracruz se han encontrado más de 343 fosas clandestinas y se investigan los casos de más de 3 mil 600 personas desaparecidas durante el sexenio de Javier Duarte, sostuvo Rosales San Román.
“En las distintas etapas del caso hemos visto cómo, tanto en este caso como en otro, el gobierno federal no ha llevado a cabo las acciones con la contundencia que se necesita”, puntualizó a su vez el coordinador de los panistas, Damián Zepeda.
Indira de Jesús propuso el punto de acuerdo para que se amplíe la solicitud de extradición a Javier Duarte, porque la carta original del gobierno mexicano no contempla la desaparición forzada, “delito que le fue comprobado en Veracruz y debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad”.
En su oportunidad, el senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC), calificó de “ridícula” la sentencia en contra de Duarte de Ochoa y afirmó que la PGR “está coludida” porque, “a pesar de presentarse abundantes pruebas, solicita de manera ridícula, una burla, solamente nueve años de cárcel”.
En conferencia de prensa, Samuel García mencionó que presentó al Senado que firme un exhorto al Tribunal Internacional de La Haya para que el exgobernador de Veracruz también sea juzgado por las 70 mil pruebas falsas de VIH-Sida distribuidas durante su sexenio.
“Los medicamentos no fueron aplicados a los pacientes que lo requerían, gracias a que se detuvo por las acciones responsables del personal de salud adscrito a las clínicas, que cumplen una función profesional y no política, pero el daño no se concentra en la aplicación de éstos, sino en su adquisición y en la intención de suministrarlos”, expone el punto de acuerdo del senador regiomontano.
Samuel García argumentó que esta negligencia derivó en “la desatención a los derecho-habientes” de los programas de Salud de Veracruz y hubo “dolo” al adquirir los suministros fraudulentos para el tratamiento de personas seropositivas.
Finalmente, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, afirmó que la sentencia en contra de Javier Duarte deja muchas interrogantes, como: “¿por qué están cayendo muchas de las acusaciones? ¿Por qué no están haciendo valer las agravan
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