Por David Zárate Cruz
Reynosa, Tamaulipas.- Magistrados federales admitieron a trámite el incidente de inejecución de sentencia (desacato) 13/2018 en contra de la presidenta municipal Maki Esther Ortiz Domínguez, por no subdividir un área permutada y entregar la escritura un ciudadano, proceso que puede concluir con el envío a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la destitución y consignación a un juez penal federal.
El magistrado Juan Antonio Trejo Espinoza, del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, acordó: “con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se admite a trámite el incidente de inejecución; fórmese expediente y regístrese con el número 13/2018. Se requiere a la autoridad responsable Presidente Municipal de Reynosa, Segunda Síndica y Representante Legal del R. Ayuntamiento de Reynosa y Secretario del Ayuntamiento de Reynosa…”
El requerimiento precisa a los referidos actores: “… para que en el término de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación de este proveído demuestren ante el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, o bien ante este Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta población, el acatamiento de la ejecutoria o exponga las razones que tengan en relación con el incumplimiento que se les atribuye”.
El 8 de noviembre, se presentó en el Poder Judicial Federal en Reynosa el incidente de inejecución de sentencia, enviado por el Juzgado Octavo de Distrito en el juicio de amparo 863/2018, promovido por un ciudadano en contra del ayuntamiento de Reynosa por la omisión de firmar la escritura pública de una permuta aprobada en sesión de cabildo de 26 de junio de 2009, autorizada por el Congreso del Estado mediante decreto LX-1022, considerándolo violatorio de las garantías de seguridad jurídica.
Al construir un velatorio municipal, el ayuntamiento de Reynosa afectó una propiedad del ciudadano, motivo por el cual se le otorgó en permuta un diverso inmueble en la colonia La Cima.
Sin embargo, una vez aprobada y autorizada tal permuta, el notario público encargado de realizarla les comunicó que se tenía que realizar una subdivisión en el área permutada, pues las medidas y colindancias reales no coincidían con las autorizadas por el Congreso del Estado, lo que no fue cumplido.
El pleno judicial turnó al magistrado Juan Antonio Trejo Espinoza el expediente para su estudio y elaboración del proyecto de sentencia, el cual mediante las pruebas que presente el ayuntamiento podría dar por cumplida la orden federal, o turnar el asunto o la SCJN, la cual podría decretar la destitución del cargo y la consignación ante un juez penal federal por desacato.
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