Por Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los diputados aprobaron reformas a la Constitución local mediante la cual se crea la Cédula Estatal de Identidad, obligatoria para los tamaulipecos y avecinados.
El único voto en contra del respectivo decreto fue de la diputada María de la Luz del Castillo Torres, del partido Morena.
Para realizar la actividad de registro de personas será creado el Instituto Estatal de Protección a la Identidad, como un órgano autónomo con independencia técnica, presupuestal y de gestión, hasta ahora único en su tipo en México.
Contará con tres comisionados, uno de los cuales será el presidente y durarán siete años en el encargo. Iniciará actividades a partir del 2019.
Registrarse no solo será obligatorio para todos los tamaulipecos mayores de 14 años, sino para los avecindados por espacio de más de seis meses.
En la exposición de motivos de la iniciativa, la bancada del PAN señaló que este registro permitirá “hacer más eficiente el control de las identidades de la sociedad”, además que la información recabada reducirá “el riesgo de que una persona finja ser otra”.
Será un documento de identificación estatal obligatorio para cualquier trámite, y hasta ahora Tamaulipas es la única entidad que lo impone.
En la misma sesión, el Congreso acordó enviar al gobernador una lista de siete aspirantes a la Fiscalía General del Estado, según convocatoria pública, al reunir los requisitos de elegibilidad. Entre ellos va el Procurador Irving Barrios Mojica, quien podría repetir como representante de la sociedad tamaulipeca, ahora con la denominación de Fiscal General.
Los “palomeados” son los siguientes: Irving Barrios Mojica, Daniel Alberto Vargas Cortés, Alfredo Vanzzini Aguiñaga, Juan José Espino Ascanio, Tita Ernestina Carmona Ariceaga, Claudia Janeth Gámez Ortiz y Elizabeth Almanza Ávalos.
El gobernador deberá eliminar a cuatro de esa lista, regresarla al Congreso y de ahí saldrá el primer Fiscal General quien sustituya al Procurador.
Aparte, los diputados adicionaron tres artículos de la Constitución para refrendar que la prevención de los delitos está a cargo del Gobierno del Estado y los municipios en términos de la Carta Magna Federal.
En lo que se interpreta como el regreso de las policías municipales, la reforma creará a partir del 2019 un Fondo Estatal de Fortalecimiento para la Seguridad Pública que manejará el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal.
Se crea la figura de un Consejo de Participación Ciudadana como instancia independiente y externa, que lo formarán cinco consejeros propuestos por el gobernador ante el Congreso del Estado.
Por igual la sesión ordinaria legislativa dio su visto bueno para designar a Alejandro Alberto Salinas Martínez, de Reynosa, como magistrado de número del Supremo Tribunal de Justicia, en sustitución de Horacio Ortiz Renán, ahora presidente del colegiado.
Además, el pleno acordó conceder licencia por tiempo indefinido solicitada por su compañero Víctor Adrián Meraz Padrón, a fin de ocupar un cargo de subsecretario en la administración estatal.
Meraz representa por mayoría al distrito 19 con cabecera en Altamira. Pertenece a la bancada del PAN y, por tal motivo, será llamado su suplente Arturo Esparza Parra.
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