Por Agencias
Ciudad de México.- Los dueños de los equipos de todas las divisiones profesionales del futbol mexicano, sus directivos, cuerpos técnicos, jugadores y sus promotores, representantes o agentes, entre otros integrantes del balompié, están bajo investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por probables prácticas monopólicas absolutas.
Desde el 29 de junio último, la autoridad investigadora del gobierno busca confirmar sus sospechas de que en este deporte se cometen acuerdos entre “agentes económicos competidores entre sí” para manipular precios y cantidades o coordinar posturas en el mercado de fichajes que tienen efectos nocivos sobre jugadores, aficionados y la economía. Se trata de actos que violan la Ley Federal de Competencia Económica.
Es así que la indagatoria de oficio alcanza a los 18 equipos de la Liga MX, 16 de la Liga MX Femenil, 64 de la Liga Premier (segunda división) y 217 clubes de la tercera división.
Este caso destaca porque tiene bajo la lupa a una industria que viola sus propias reglas: la Federación Mexicana de Futbol permite conductas que prohíbe la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), máxima autoridad del balompié mundial, como son los dobles contratos (usualmente utilizados para pagar menos impuestos) y el pacto de caballeros con el que se ha llegado a vetar a jugadores y a entrenadores.
Así, la ley consigna que dichas prácticas monopólicas absolutas sean castigadas con multas equivalentes a 10% de los ingresos de las empresas señaladas, sanciones contra personas físicas e inhabilitaciones por cinco años para ejercer puestos directivos.
El Código Penal Federal también castiga dichos acuerdos: el artículo 254 bis establece que la persona que realice una práctica monopólica absoluta comete un delito y corre el riesgo de ir a prisión por un periodo de cinco a 10 años.
En entrevista con Proceso, Sergio López Rodríguez, titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece, área que encabeza las indagatorias sobre el futbol mexicano, explica que todos los involucrados están obligados por la ley para colaborar en el caso. Y advierte: “Si no cooperan, habrá consecuencias”. (Apro).
Discussion about this post