Por Agencias
Ciudad de México.- La tortura sexual contra las mujeres en México es una práctica cotidiana ejercida por agentes de los distintos órdenes del Estado con la intención de que las víctimas se autoincriminen en delitos que no han cometido. Ésta se ha evidenciado a partir de la estrategia contra el crimen organizado.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentó este miércoles el reporte «Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado», en el que documentó de manera cualitativa 29 casos de mujeres que fueron sometidas a estas vejaciones entre 2006 y 2015, todas ellas en la impunidad y por el contrario 26 siguen privadas de su libertad acusadas de delitos relacionados con la delincuencia organizada.
Araceli Olivos, integrante del Centro Prodh y quien dirigió la investigación, dio a conocer los hallazgos de la misma que asientan que en 27 de los 29 casos la violación sexual estuvo presente, en 16 casos se consumó la violación y en 12 de esos 16 fue de manera tumultuaria; en 11 casos se realizaron amenazas de violación, en dos se dio el abuso frente a sus familias.
Además, en 28 de los 29 casos las mujeres sufrieron abuso sexual mediante tocamientos, actos similares o desnudez forzada; en siete casos fueron fotografiadas o videograbadas por los agresores, en diez casos se les golpeó o dio descargas eléctricas en sus genitales y senos, en uno hubo mutilación genital.
Cuatro de los abusos de tortura sexual contra estas mujeres ocurrieron en instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR.
Las mujeres abusadas fueron detenidas de manera arbitraria, retenidas por un prolongado tiempo, no se les puso a disposición del ministerio público al momento de su aprehensión y fueron capturadas en 12 diferentes entidades: Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
Las autoridades señaladas como perpetradoras de acuerdo con el informe del Centro Prodh son: el Ejército, la Policía Federal, la Marina, policías estatales y municipales, policías ministeriales.
Olivos detalló que aun cuando las 29 mujeres han denunciado la tortura a la que fueron sometidas, la PGR ni los jueces correspondientes han dado seguimiento a las indagatorias al respecto, por lo que los responsables están en la impunidad.
El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre, afirmó que la práctica de la tortura en México «no ha tenido una respuesta institucional de investigación».
Mientras que Jan Jarab, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exigió que los actos de tortura, incluida la tortura sexual, sean visibilizados y aceptados por las autoridades mexicanas a fin de que se termine la impunidad contra esos delitos de lesa humanidad.
El informe da una serie de recomendaciones a diversas autoridades como la PGR o a las fuerzas armadas, así como a organismos de defensa de las víctimas como las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y Ejecutiva de Atención a Víctimas, al igual que al poder judicial.
A la PGR y las procuradurías estatales se les demanda realizar en un plazo razonable las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables de los 29 casos documentados en el informe, identificando patrones y a sus responsables superiores. (Emir Olivares Alonso).
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