Por Agencias
Ciudad de México.- El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Benito Nacif Hernández, obtuvo una suspensión provisional de un juez federal contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. En 2017, el funcionario ya había interpuesto un recurso aparte ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto de una determinación similar que había aprobado el Consejo General del INE, según la cual se había determinado reducir 10 por ciento las percepciones de los consejeros electorales.
En su momento, los magistrados confirieron la razón a Nacif, quien así evitó que se bajara su salario, en un contexto en el cual, ante las complicaciones económicas del país, el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, había reducido en 5 por ciento sus percepciones y las de los altos mandos de su gabinete.
Este lunes, el juzgado quinto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, concedió la suspensión provisional a Nacif Hernández, quien, de acuerdo con el expediente 1525/ 2018, argumentó que la ley de salarios máximos por la que nadie puede ganar más que el titular del Ejecutivo federal, cuyo sueldo será de 108 mil pesos, viola 13 artículos de la Constitución, entre ellos el 1, 102, 123 apartado B y el 127, así como el 133.
El juzgado federal otorgó un plazo de 15 días para que la Cámara de Diputados rinda un informe justificado y fijo para el 7 de enero del próximo año a las 10 horas para que se realice la la audiencia constitucional.
Ante las disposiciones contenidas en el proyecto de presupuesto que el Instituto Nacional Electoral (INE) remitió a la Secretaría de Hacienda para su integración en el paquete de 2019, que propone la reducción de 19.4 por ciento de los sueldos de los consejeros, Benito Nacif interpuso la semana pasada un recurso ante el TEPJF en el que cuestiona las facultades del organismo para determinar la baja salarial de funcionarios del organismo.
Considera que el marco jurídico vigente contiene disposiciones legales y constitucionales, complementadas por criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha adoptado en recursos similares, se establece la inviabilidad de la reducción salarial de los funcionarios públicos.
Este amparo se suma a las más de 862 demandas colectivas que han interpuesto más de 4 mil funcionarios, principalmente de Poder Judicial de la Federación que solicitaron en juzgados a escala nacional amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y el conjunto de reformas presentadas en el Congreso que pretenden modificar la estructura de órganos, como el Consejo de la Judicatura Federal.
Entre los promotores que han presentado las demandas están 383 magistrados, 351 jueces, mil 414 secretarios, 308 actuarios, 712 oficiales y 610 funcionarios de la PGR, Cisen, IPN, CFE, INE, SAT, Segob, entre otras. (César Arellano García/Alonso Urrutia/La Jornada).
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