Por Agencias
Ciudad de México.- Jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación negaron privilegios en sus remuneraciones y que vivan “del abuso del erario público”.
Y acusaron que los “ejercicios modernizadores” que buscan generar ahorros para los ciudadanos solo son para “debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho”.
En un comunicado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, señaló:
“Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas, como que percibimos más de seiscientos mil pesos que no corresponden ni cercanamente a la realidad”.
Los jueces recalcaron en su comunicado que el componente salarial es solo una de las variables que conforman la independencia judicial.
Según los juzgadores federales el gobierno actual pretende “centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios. Nada más falso”.
Y destacaron que están obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución, por lo que no caben los “jueces dóciles” o al servicio de alguien.
“La irreductibilidad salarial no es un privilegio, sino solo una de las diversas garantías de independencia de la judicatura, reconocida no solo en la propia Constitución, sino también por las convenciones y tratados Internacionales que el Estado Mexicano no solo ha firmado sino ratificado y se ha comprometido a cumplirlos a cabalidad”, explicaron.
Afirmaron que los “ejercicios modernizadores” que buscan generar ahorros para los ciudadanos solo son para “debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho”.
“Quienes lo hacen, no solo desconocen el funcionamiento de la judicatura, sino que olvidan que han sido precisamente las resoluciones judiciales las que han abierto la posibilidad de materializar parte de la agenda de Derechos Humanos del nuevo gobierno”, subrayaron.
Y recalcaron que el riesgo de estas campañas de desprestigio es el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones.
“Los juzgadores federales queremos recordar también que desempeñar un cargo de este tipo implica asumir diversos riesgos (…) que ponen en riesgo nuestra seguridad y la de nuestras familias. Por eso actuamos con plena convicción en nuestra alta función de impartir justicia a nuestros semejantes”, subrayaron.
Finalmente, refirieron que debe prevalecer el diálogo, la coordinación y el entendimiento entre poderes dentro del marco de competencias creado por la Constitución para cada uno de los órganos del Poder Público. (Apro).
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