Por David Zárate Cruz
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Tcatsem) declaró caducado un juicio laboral contra el ayuntamiento de Soto la Marina por no “impulsarlo el trabajador” demandante, cuando es dicha autoridad la que no ha hecho nada en cuatro años.
Además de ello, la resolución de dicha autoridad no está firmada por el presidente, por lo que mediante la ejecutoria 1020/2017 los magistrados federales otorgaron el amparo a la empleada demandante.
Cecilia Soriano Alvarado, secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región en Saltillo, Coahuila, en funciones de magistrada, determinó que la resolución incidental deriva de un incidente inexistente y que no está previsto en el Código Municipal, en la Ley Federal del Trabajo, ni en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado, pues ninguna contempla procedimiento alguno para incidentes de caducidad de la acción, como lo estimó la responsable.
El 29 de septiembre del 2017 se presentó en el Poder Judicial Federal en esta capital la demanda promovida por una mujer en contra del Tcatsem por la resolución incidental del 4 de septiembre de 2017 en el juicio laboral 149/2013, considerándola violatoria de las garantías de seguridad jurídica y debido proceso, establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.
El 30 de octubre del 2013 una persona presentó demanda ante el Tcatsem en contra del ayuntamiento de Soto la Marina por despido injustificado, reclamando la reinstalación en el puesto de limpieza de plaza y delegación, que venía desempeñando en el poblado La Pesca, de ese municipio.
El 15 de febrero del 217, cuatro años después, la autoridad municipal acudió a juicio y presentó un incidente de caducidad, por no “impulsar el proceso el trabajador”.
El 3 de septiembre del 2017 se abrió el incidente de caducidad, sin embargo dicho proveído sólo fue firmado por el representante del Ayuntamiento.
El 4 de septiembre de 2017 la autoridad resolvió declarando procedente el incidente promovido, teniéndose a la parte actora desistida de la acción y de la demanda interpuesta, ante lo cual la mujer recurrió al juicio de amparo. Por acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el expediente fue enviado al Centro Auxiliar de la Décima Región en Saltillo, Coahuila.
Cecilia Soriano Alvarado, a quien correspondió estudiar el asunto, determinó que el Tcatsem nunca fundó ni motivó la fecha en que inició y concluyó el plazo de tres meses para que operara la caducidad, por qué el actor tenía la carga de impulsar el procedimiento o se requería la promoción de ésta, así como si no se encontraba pendiente de dictar algún acuerdo de trámite por el tribunal y por ende, no se actualizaba el supuesto de excepción del artículo 114 de la Ley del Trabajo para los Servidores Públicos de Tamaulipas.
El pleno judicial otorgó el amparo para que se dicte una nueva resolución en la que resuelva lo conducente. Si estima que es procedente la caducidad planteada que funde y motive la fecha en que inició y concluyó el plazo de tres meses para que operara; por qué el actor tenía la carga de impulsar el procedimiento o se requería la promoción de éste; así como si no se encontraba pendiente de dictar algún acuerdo de trámite por el tribunal.
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