Por Agencias
Ciudad de México.- Conceder potestad a las fuerzas armadas en materia de seguridad pública “es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil”, subrayó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
En su mensaje ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el ombudsman criticó la intervención del Ejército y la Marina en la conformación de la Guardia Nacional, y dejó entrever que en México no se presenta una lucha épica entre buenos y malos, ni de patriotas contra traidores.
“El reto de las autoridades es asumir cabalmente las funciones que como gobierno se les ha encomendado, para qué por medio del cumplimiento y aplicación de la ley, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado democrático, logremos recuperar la paz, la seguridad y la armonía de nuestras relaciones sociales”.
El doctor en derecho acudió a San Lázaro para entregar su informe de actividades 2018, y en el mensaje político de su intervención abundó en un tema sustantivo para el futuro de la incipiente democracia mexicana: la Guardia Nacional, y la participación de las fuerzas armadas regulares en su conformación.
“Coincidimos en que nuestro país necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo. Requerimos de la seguridad propia de un Estado democrático de derecho…reiteramos el llamado que hemos hecho a que nuestro país, por graves y apremiantes que sean las circunstancias, no se permita renunciar a la institucionalidad civil y democrática”.
La alocución del presidente de la CNDH se endureció. Si bien presentó alarmantes cifras sobre violaciones a los derechos humanos, el reproche se centró en la Guardia Nacional, pues “expandir la influencia de las fuerzas armadas a la seguridad pública…es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil. Si se les concede poder económico, se afianza su poder político, y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza, existe el riesgo de que, en la práctica dejen de existir incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales potestades a favor de la autoridad civil”.
González Pérez argumentó contra el otorgar esas facultades al Ejército y la Marina, porque la propuesta de que la Guardia Civil tenga mando administrativo civil, como se ha planteado, “continúa siendo una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad, con una visión coyuntural y de corto plazo que generaría el riesgo de vulnerar derechos humanos, no garantizaría terminar con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática”.
El rechazo a las propuestas y medidas implementadas por el gobierno federal a los grandes problemas de inseguridad, de parte del titular de la CNDH se extendió contra la ampliación del catálogo de delitos, que Morena en el Congreso abandera.
“Cuando en años anteriores se intentó plantear como salida frente al incremento de índices delictivos, el aumento de la conductas ilícitas sujetas a prisión preventiva oficiosa, no se puede dejar se señalar que tal cuestión contraviene lo previsto en la Constitución que establece que tal media es de carácter excepcional, además de que con el marco normativo actual todos los delitos respecto de los cuales plantea la reforma constitucional podrían ser objeto de prisión preventiva siempre y cuando el Ministerio Público asó lo solicitara al juez, sustentando debidamente su petición.
“La ampliación del catálogo de delitos no garantizaría que el Ministerio Público cumpliera con su obligación de investigar cada caso, de manera objetiva, integral y eficiente, con lo cual subsistiría el problema de que los imputados, aun siendo responsables del delito, pudieran obtener su libertad al término del procedimiento penal como consecuencia de una investigación deficiente”.
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