Por Agencias
Ciudad de México.- El Senado de la República eligió a Alejandro Gertz Manero como el primer fiscal general de la república por un período de nueve años, por lo que su gestión concluirá en el 2028.
El actual encargado de despacho de la PGR rindió de inmediato protesta como titular de la Fiscalía General de la República, entre aplausos de la gran mayoría de los 117 senadores presentes.
Gertz Manero logró superar la mayoría calificada establecida en la Constitución para ocupar ese cargo, ya que 91 senadores de Morena, PRI, PRD, MC, PVEM, PT y PES, votaron a su favor.
El ex procurador capitalino, Bernardo Bátiz, consiguió 9 votos y cero la magistrada Verónica De Gyves, los otros dos integrantes de la terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde el pleno del Senado, Alejandro Gertz Manero, expuso que su tarea central será cambiar un sistema de impartición de justicia diseñado para servir al poder y no a la ciudadanía; recalcó que se dará prioridad a la reparación del daño a las víctimas y garantizó que en su gestión no habrá un solo caso de corrupción que no se investigue a plenitud.
“Ni una persecución más, ni un ocultamiento, ni un encubrimiento más”, enfatizó Gertz Manero, por quien a excepción del PAN votó y la mayoría de las fuerzas políticas.
Destacó que su intención es empoderar a la ciudadanía frente a los daños que le provoca la delincuencia y un primer paso será “romper el círculo vicioso” del monopolio del ministerio público y dar a los ciudadanos la posibilidad de participar en los procesos penales.
Insistió en que los mexicanos tienen derecho a participar en procesos civiles, mercantiles, laborales, pero no en los penales; esto último se ha logrado a cuentagotas, pero debe ejercerse a plenitud, para que víctimas u ofendidos puedan tener acceso a la información desde que se inicia la averiguación y acudir, incluso ante el juez, para conocer en qué parte se encuentra su proceso.
Gertz Manero resaltó que la Procuraduría General de la República (PGR) tiene un rezago de 300 mil expedientes pendientes y 100 mil mandamientos, la mayoría órdenes de aprehensión no cumplidas, y “nos damos cuenta que no hay ninguna capacidad de poder controlar y auditar la conducta de esas autoridades”.
De ahí que, insistió, es fundamental que todos tengan el derecho a poder conocer en qué estado se encuentran los procesos sobre daños recibidos “y cómo podemos generar todas las presiones legales para que el ministerio público no tenga 300,000 expedientes atrasados. Sería importante la fiscalización ciudadana, que permitiera el seguimiento de los juicios por parte de los ofendidos”.
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