Por Agencias
Ciudad de México.- El Plan Nacional de Desarrollo para los próximos seis años tendrá el objetivo de corregir los efectos del modelo neoliberal desde el combate a la corrupción y la política de desarrollo territorial y protección al medioambiente, aseguraron secretarios de estado en el marco del Foro Nacional «Planeando Juntos la Transformación de México», convocado por Presidencia.
La secretaria Irma Eréndira Sandoval expuso que desde la Función Pública se impone al centro el combate a la corrupción y dejar de lado una «austeridad neoliberal» que implicó reducir el gasto social y en inversión, al tiempo que sólo se beneficiaron “ciertos intereses y de unos cuantos”.
“En nuestra visión para 2024 la corrupción se castigará, el derroche se eliminará, la ineficacia se terminará, la fiscalización de los fondos públicas se ciudadanizará, la denuncia ciudadana se protegerá, la transferencia se garantizará y se generarán ahorros en los recursos públicos orientados a satisfacer los objetivos del desarrollo nacional”, externó en Palacio Nacional.
Por lo que en adelante, dijo, la dependencia no se quedará como un órgano preventivo, sino también de sanción. “Seremos y nos comprometemos a ser una especie de ministerio público de la probidad», prometió frente a académicos, integrantes de la sociedad civil que participaron en las mesas del Foro para integrar el Plan Nacional de Desarrollo.
Recalcó que en los 100 primeros días del gobierno, por primera vez logró que todo el gabinete ampliado hiciera pública su declaración de conflicto de interés, y en este periodo se han abierto casi las mismas investigaciones que todo el año pasado.
“Entre el primero de diciembre de 2018 y el 4 de marzo de 2019 se han turnado a las áreas de investigación 23 investigaciones, 133 expedientes de evaluación patrimonial, 68 análisis de incompatibilidades patrimoniales, 12 mil 500 constancias de inhabilitación y no inhabilitación y se han realizado más de 150 audiencias por controversias de contrataciones públicas. Las presuntas faltas administrativas por probables delitos administrativos o faltas administrativas incluyen a una cuantía de 793 millones de pesos que muy probablemente serán regresados a la Tesorería de la Federación”, comunicó.
Al tomar la palabra, Josefa González Ortiz Mena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aseguró que la política ambiental que se plasmará en el Plan Nacional de Desarrollo será priorizar a las comunidades indígenas por sobre otros intereses. «Ellos siempre primero», aseguró la funcionaria.
Refirió que la urgencia de una política de desarrollo ajena al cuidado ambiental, hasta la fecha salda con 947 mil millones de pesos, que equivalen al 4.4 por ciento del producto interno bruto (PIB).
“De no impulsar políticas para la mejora del aire, podríamos tener costos que ascienden a 20 mil millones de pesos al año. De hecho anualmente al país le cuesta mil 600 millones de pesos el tratamiento médico y las pérdidas de productividad causadas por la contaminación del aire”, abundó.
A la par de que hasta ahora no se ha hecho nada por impulsar la protección de las zonas forestales, donde viven 13 millones de personas y 5 millones de indígenas en pobreza. Por lo que llamó a la salvaguarda del medioambiente desde todas las trincheras, pues en la actualidad, «la amenaza global es el ecocidio», dijo.
A su vez Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) destacó que en las últimas décadas el territorio se ha regido por una visión de desarrollo territorial que soslayó el impacto ambiental. En general, dijo, las políticas públicas que se llevaron a cabo se caracterizaron por una planeación fragmentada que devino en brechas de desarrollo entre todas las regiones del país.
“La mayor preocupación de los gobiernos en turno se concentró exclusivamente en el desarrollo económico de los que en realidad se beneficiaron muy pocos. Se sacó provecho de nuestras tierras a costa de empeñar el bienestar económico ambiental y social de México y sus próximas generaciones”, acusó.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 480 municipios que implican una quinta parte del total del país son los más vulnerables a sus efectos. La mayoría se localizan en la región sur sureste del país, donde se combinan la pobreza y rezago social a pesar de la biodiversidad de la región, explicó Meyer Falcón.
“Estamos convencidos de que en el Plan Nacional de Desarrollo es indispensable el enfoque territorial y de sostenibilidad. Sólo con el podremos construir estrategias que nos permitan a empezar a corregir y revertir los efectos que dejó el modelo neoliberal sobre nuestro territorio”, puntualizó. (Dora Villanueva/La Jornada).
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