Por David Zárate Cruz
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los magistrados federales protegieron a una mujer de Ciudad Madero que fue afectada por la resolución del Juzgado Civil de Altamira, que incluso no otorgó valor probatorio a una prueba confesional.
Dicho Juzgado Civil no validó los dictámenes de tres peritos en el caso de un pagaré, porque dos coinciden y uno no, y además no otorgó valor probatorio a una prueba confesional, condenando a la mujer al pago del documento, violando con ello las garantías de seguridad jurídica y debido proceso, ante lo cual mediante la ejecutoria 480/2018 los magistrados federales le otorgaron el amparo.
El Magistrado Manuel Muñoz Bastida, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, determinó que la razón del Juzgado resulta contraria a derecho, y además resulta irrelevante que existan dos dictámenes sosteniendo que existe coincidencia gráfica en el llenado del documento base de la acción (pagaré) y que en uno sólo se afirme que no es igual el texto del área del título de crédito relativos a los datos y firma del deudor en relación con el resto del texto del pagaré.
El 8 de agosto del 2018 se recibió en el Poder Judicial Federal en esta capital la demanda promovida por una mujer en contra del Juzgado Tercero Civil de Altamira, por la sentencia de 28 de junio de 2018, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 639/2017, considerándolo violatorio de las garantías de seguridad jurídica y debido proceso, presentando los argumentos jurídicos correspondientes.
En un principio, el 14 de septiembre de 2017 una persona demandó a la mujer por la vía ejecutiva mercantil reclamando el pago de 60 mil pesos por concepto de suerte principal, derivada de la suscripción de título de crédito de los denominados pagarés.
Al acudir a juicio, la acusada señaló que dicho pagaré fue por 30 mil pesos y además está alterado porque abusando de su extrema necesidad no tenía la cantidad escrita y en esencia ya fue pagado.
El 28 de junio de 2017, el Juzgado Tercero Civil de Altamira emitió la sentencia, condenando al pago de 60 mil pesos por concepto de suerte principal derivada, al pago de intereses ordinarios y moratorios ya regulados al 3 por ciento mensual vencidos y que se sigan venciendo hasta la total liquidación del adeudo, ante lo cual la mujer recurrió al juicio de amparo.
El Magistrado Manuel Muñoz Bastida, a quien correspondió estudiar el asunto, determinó que la valoración de la confesional es contraria a derecho, y al no ser suficiente la razón que expuso el Juez para acoger los dictámenes rendidos por los peritos propuestos por la actora y el tercero en discordia, ni expresar los motivos por los cuales, a su juicio, el dictamen emitido por el perito de la demandada merece o no valor probatorio, es claro que su proceder infringe en perjuicio de la mujer, el artículo 1301 del Código de Comercio.
El pleno judicial otorgó el amparo para que se deje insubsistente la sentencia reclamada, se dicte otra en la que el Juez valore las periciales en materia de grafoscopía que rindieron los peritos de las partes actora y demandada y el tercero en discordia, y deberá exponer las razones y fundamentos por los cuales concede o niega valor probatorio a los dictámenes; se otorgue valor probatorio a la confesión a cargo de un testigo.
Discussion about this post