Por Agencias
Toluca.- La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado de México propuso una iniciativa de ley para penalizar con entre uno y cinco años de prisión a los clientes de prostitución.
La iniciativa, que de ser aprobada deberá ser enviada al Congreso de la Unión, establece también penas de dos a ocho años a los reincidentes, y de diez a 15 años de cárcel cuando la persona prostituida sea menor de edad o se encuentre en situación vulnerable.
Ingrid Shemelensky, promotora de la iniciativa, indicó que el objetivo de su propuesta es acabar con el comercio sexual en el entendido de que “si no hay demanda, no habrá oferta”.
La prostitución, destacó la legisladora, debe ser abolida porque jamás se da en condiciones de libertad; nunca es objeto de un contrato de compra-venta entre personas iguales en derechos y libertades; no vende la actividad o el producto, como en cualquier trabajo, sino el propio cuerpo sin intermediarios, y éste no se puede separar de la personalidad.
El sistema prostitucional, dijo, es un obstáculo para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, y una violación de la dignidad humana, por más que se justifique que siempre ha existido (igual que las guerras, la tortura, la esclavitud infantil o la muerte de miles de personas por hambre), lo que de cualquier manera no lo legitima.
Desde un punto de vista social, económico, cultural, emocional y psicológico, prosiguió, el sistema que organiza la compra y venta del acceso al cuerpo y a la sexualidad de otras personas, afecta a los grupos más vulnerables, siendo un terreno fértil para proxenetas y tratantes.
Lamentó que las leyes mexicanas sancionan a quien se prostituye -cuando la persona puede ser víctima de trata y requiere protección-, pero no penaliza al cliente.
A la fecha, destacó, varios países se han declarado abolicionistas, combatiendo a la prostitución a través de la prohibición del mercado sexual: en Suecia, quien pague para tener relaciones sexuales es un delincuente y enfrenta hasta un año de cárcel; Francia castiga con hasta 3 mil 750 euros a quien pague por sexo.
También penalizan a los clientes Islandia, Canadá, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur e Irlanda del Norte.
Al penalizar al cliente, dijo, “nadie podrá beneficiarse en ningún caso de la prostitución ajena, ni organizar o facilitar la mercantilización del cuerpo humano y de su sexualidad; nadie tendrá acceso al cuerpo ajeno ni a su sexualidad, ni tampoco mantener relaciones sexuales a cambio del pago de dinero; y nadie quedará reducido a tener que vender el acceso a su cuerpo o a su sexualidad para poder sobrevivir y todo individuo tendrá el derecho efectivo y reclamable de no ser prostituido”.
Por tanto, con la iniciativa se plantea prohibir la realización de cualquier acto sexual que sea impuesto por dinero, descriminaliza a las personas prostituidas, involucra al conjunto de la sociedad en su cumplimiento e incluye la puesta en marcha de políticas públicas de salida de la prostitución.
De ser avalada, la reforma al artículo 20 bis de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos dispondrá:
“Será sancionado con pena de 1 a 5 años de prisión y de 200 a 500 días multa, el que compre o contrate servicios sexuales de personas, para sí o para un tercero, solicite, acepte, u obtenga relaciones de naturaleza sexual de una persona que ejerce la prostitución, incluso de manera ocasional, a cambio de una remuneración, una promesa de remuneración, remuneración en especie o promesa de algún tipo de beneficio”.
En caso de reincidencia, prosigue, “se impondrá de 2 a 8 años de prisión y de 500 a mil días de multa”; y “se le impondrán de 10 a 15 años de prisión y de un mil a tres mil días multa, cuando la persona a la que se solicitan servicios sexuales es menor de edad o se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad”.
La iniciativa, que también plantea reformar el artículo 74 bis para obligar al Estado a establecer medidas de protección y políticas públicas en favor de las víctimas de prostitución, fue remitida a comisiones para su análisis y dictamen.
De esta manera, confió la panista, se desalentará y evitará la entrada de personas en la prostitución, protegerá a través de medidas concretas a las víctimas; favorecerá el trabajo coordinado entre las organizaciones no gubernamentales y los Servicios Federales, y habrá presupuesto propio para prevención y apoyo a las personas prostituidas. (Veneranda Mendoza/apro).
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