Por Agencias
Ciudad de México.- La reforma educativa que será aprobada mañana en comisiones de la Cámara de Diputados cierra definitivamente la posibilidad de retornar al régimen laboral del artículo 123, que dividía el reparto de las plazas de maestros entre el sindicato y la Secretaría de Educación Pública (SEP). Los cambios constitucionales en la materia otorgarán a la autoridad las prerrogativas laborales, y el Congreso federal legislará para establecer la nueva relación con los trabajadores.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) confirmó el proceso legislativo que tendrá lugar este miércoles, e hizo extensivo el acuerdo con la CNTE y diversas organizaciones sindicales que se manifestarán en las inmediaciones de San Lázaro, para que dejen el paso libre a los trabajadores y diputados por la avenida Sidar y Rovirosa (en honor de los pilotos Pablo Sidar y Carlos Rovirosa), y tenga efecto la sesión ordinaria y se celebre la reunión de comisiones de Educación y Puntos Constitucionales.
Ese encuentro se celebrará a las cinco de la tarde, y se prevé que una vez aprobado el proyecto de decreto, que resta decir ya fue avalado por todos los grupos parlamentarios, se enviará a la Mesa Directiva para que lo enliste de primera lectura el jueves, y el martes de la semana próxima se apruebe en el pleno.
Al comentar el motivo de la movilización del magisterio disidente, Martha Tagle, diputada de Movimiento Ciudadano, acusó que el proyecto de decreto es fruto del “acercamiento y conjunción de la iniciativa del Presidente de la República y las 14 iniciativas que existían en la materia, incluida la que presentaron los coordinadores parlamentarios de la oposición. Se hizo un esfuerzo incorporando todas las voces: universidades, profesores, sindicatos, padres de familia.
“Se colocó en el centro del proceso a los niños y adolescentes, y se quitó todo lo perjudicial de la anterior reforma educativa. Se conservó el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, y se incorporaron las propuestas documentadas”.
También diferenció del proyecto de decreto las demandas de la CNTE: “Están buscando aumentar privilegios; pelean el control de las plazas sin ningún tipo de evaluación. El Congreso elaborará reformas reglamentarias porque ellos demandan a través del artículo 123 una reforma laboral que no está incluida en el proyecto de decreto: la reforma educativa que se abrogará tenía un fin laboral, y la que habremos de aprobar no la tiene”.
Así el texto de las modificaciones constituciones que habrán de someterse a votación en el pleno la semana que entra, contempla la obligación del Estado por garantizar la educación inicial y la superior. También tendrá la rectoría en materia educativa.
A partir de la reforma en ciernes, la educación se basará en un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. Se reconoce a los profesores como agentes de transformación en el proceso educativo. Y se incorporarán las evaluaciones diagnósticas en los procesos de ingreso, promoción y reconocimiento en el Sistema de Carrera Magisterial.
También se garantiza el derecho de los docentes a acceder a un sistema integral de formación y actualización. Así los procesos de selección serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales en el Sistema de Carrera Magisterial, por lo que los nombramientos derivados de la admisión, promoción y reconocimiento, únicamente serán otorgados conforme a la ley.
El Estado fortalecerá las instituciones públicas de formación docente (normales). Se incorporará a la educación, los criterios de equidad, inclusión, interculturalidad e integralidad.
Se restablecerá la fracción VII al artículo tercero de la Constitución, que da garantía de autonomía a la universidad pública. En un tema sensible, se pretende rescate conceptual de la palabra calidad (excelencia). Se contempla el derecho de las personas a los beneficios de la ciencia.
A la par se creará el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Ese organismo que sustituirá al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), tendrá autonomía técnica y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La reforma contempla los candados para resguardar el acervo documental y de investigación del INEE.
Las instituciones de educación superior no autónomas “serán blindadas” para establecer requisitos de ingreso. El Congreso federal tendrá facultad para legislar el Sistema de Carrera Magisterial y una Ley General en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y se creará un fondo especial para la educación superior. (Enrique Méndez/Roberto Garduño/La Jornada).
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