Por David Zárate Cruz
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Desde el 20 de octubre del 2017 el Congreso del Estado de Tamaulipas no da respuesta una mujer que pidió la modificación de un decreto que le otorga pensión por orfandad debido al fallecimiento de su padre, un Agente del Ministerio Público que murió en el cumplimiento de su deber.
La mujer victorense solicitó una modificación del decreto para que le fuera entregad la pensión en un 100 por ciento, pero ante al silencio del Congreso del Estado los magistrados federales le otorgaron el amparo mediante la ejecutoria 285/2018.
El Magistrado José Clemente Cervantes, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, determinó que contrario a lo considerado por el Juez de Distrito la mujer está legitimada para solicitar la modificación del Decreto LX-1867, porque es la beneficiaria de la pensión por orfandad y el Congreso está obligado a darle respuesta en términos del artículo 8 de la Constitución Federal, que vincula a las autoridades de cualquier nivel a responder las solicitudes de los ciudadanos.
Al fallecer su padre en agosto de 2010, mediante el Decreto LX-1867 se otorgó pensión vitalicia de viudez y orfandad a su madre, a ella y su hermana.
Ella solicitó a la Secretaría de Administración el cambio de status de su madre y su hermana, y pidió que se acrecentara la pensión a su favor, pero al no obtener resultado solicitó al Congreso la modificación al decreto sin que tampoco hubiera respuesta, ante lo cual recurrió al juicio de amparo.
Mediante la sentencia 1156/2018, el Juzgado Primero de Distrito negó el amparo argumentando que no tiene legitimación, ante lo cual presentó un recurso de revisión. El Magistrado José Clemente Cervantes, a quien correspondió estudiar el asunto, determinó que en el decreto se reconoció en favor de la mujer el derecho a recibir una pensión por el fallecimiento de su padre; en ese contexto, resulta evidente que está legitimada para que la el Congreso del Estado le dé a conocer si procede o no lo solicitado.
Considerar lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a quien se pudiera ver perjudicado con errores, imprecisiones o ilegalidades derivadas del decreto, ante lo cual propuso revocar la sentencia y otorgar el amparo, lo cual fue aprobado por el pleno judicial, para que en breve término el Congreso del Estado de a conocer a la demandante si procede o no la modificación del Decreto No. LX-1867, en los términos planteados.






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