Por Agencias
Ciudad de México.- La Cámara de Diputados retiró el fuero constitucional al representante morenista Cipriano Charrez Pedraza, quien será citado a comparecer ante la justicia del estado de Hidalgo, acusado por el homicidio culposo de un taxista de 21 años de edad, el 6 de octubre pasado.
De los 436 diputados presentes en el pleno, 347 votaron a favor de retirarle el fuero al hidalguense, mientras 53 se abstuvieron y 36 lo hicieron en contra. El inculpado se defendió, argumentando que es víctima de una persecución política, y a pesar de que sobre su espalda pesa la muerte de una persona, se dijo seguro de regresar a sus actividades en el Congreso, para el periodo ordinario de sesiones que comenzará el próximo mes de septiembre.
Charrez Pedraza forma parte del reducido grupo de personajes que perdieron su fuero constitucional a raíz de diversos señalamientos.
Primero fue el ex director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, imputado de actos de corrupción. Le siguió René Bejarano, quien se desempeñaba como asambleísta del Distrito Federal. Después, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, derivado de una operación política del gobierno del entonces presidente Vicente Fox Quesada.
Hoy Charrez fue solícito, incluso votó en favor de su propio desafuero y se declaró responsable involuntario del homicidio del taxista y del daño en propiedad que propició. No se refirió a su responsabilidad, propiciando agravantes, cuando decidió huir del lugar del percance, y después responsabilizar a su ayudante.
Ahora corresponderá al Ministerio Público citar a Charrez para iniciar el procedimiento inculpatorio por los delitos descritos.
La secretaría de la Cámara dio lectura a las constancias del caso. Dio cuenta de que el ex subjefe de policía de la Ciudad de México, Gabriel Regino García, renunció a su defensa.
Una vez que se declaró el pleno en jurado de procedencia, la Mesa Directiva dio paso al argumento de que en todo momento se mantiene la presunción de inocencia. No obstante, el dictamen de la Sección Instructora ya contenía la decisión de retirarle el fuero a Charrez.
El diputado rechazó la intervención de Gabriela Martínez Lagarde, directora general del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Hidalgo, como defensora de oficio.
Entonces fue llamada al pleno Sissi Anette Rodríguez Fernández, subprocuradora de Procedimientos Penales, Región Poniente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, quien argumentó que sí ha lugar para imputarle a Charrez los delitos.
“Esta soberanía apunta a hacer posible juzgar a una persona cuyos datos de prueba anuncian la posibilidad de la comisión de un delito, con lo que se evitaría el riesgo de impunidad, atendiendo a las exigencias sociales.
“Como se ha reiterado, mientras Cipriano Charrez Pedraza tenga fuero parlamentario haría imposible a la Procuraduría de Hidalgo continuar la investigación del delito que se dice cometió el ahora diputado con licencia ingresada, en respeto a dicha figura jurídica, como un privilegio del que goza en razón del cargo de elección popular que actualmente tiene vigente”.
Efraín Magueyal Baxcajay, defensor particular del diputado Cipriano Charrez, expuso que no comparte lo enunciado en el dictamen emitido por la Sección Instructora, relativo al procedimiento de declaración de procedencia solicitada por el licenciado Raúl Arroyo González, procurador general de Justicia del estado de Hidalgo.
“La Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo ha sido omisa en diversos actos procesales, violentando con ello no solamente el principio de presunción de inocencia contemplado en nuestra Carta Magna, sino además ha faltado al principio de legalidad y lealtad procesal, pues como consta en la documental pública exhibida por la misma Procuraduría del estado de Hidalgo, consistente en la carpeta de investigación número 07-2018-1466, el diputado Charrez jamás ha sido notificado del inicio de un procedimiento penal en su contra, pues en la carpeta no se hace referencia a que el órgano acusador haya realizado dicha notificación, lo que impide al mismo realizar actos formales de defensa”.
Entonces, Charrez se pronunció a favor de su supuesta inocencia. “Comparezco con humildad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra, a raíz de un accidente que tendrá que ser analizado en los tribunales y este no es el espacio para tal efecto, ya que estoy seguro que nadie de los que me escuchan se levanta por la mañana con la intención de afectar a alguien, ya que los accidentes están a la orden del día.
“De lo que sí estoy seguro es que, a partir de aquel lamentable suceso, se ha implementado todo un esquema de linchamiento mediático y jurídico hacia mi persona, implementado por intereses políticos y económicos muy fuertes que se amparan en el gobierno del estado de Hidalgo, y hasta hace poco formaban parte de las grandes decisiones del país del sexenio pasado, y cuya maquinaria mediática vigente está para descarrilar cualquier proceso de transformación en el país”. (Enrique Méndez y Roberto Garduño/La Jornada).
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