Por Redacción
Chihuahua.- La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua anunció la sentencia condenatoria contra Alejandro Gutiérrez, el ex secretario General del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y a quien se le acusa de desviar 1.7 millones de pesos del erario durante la administración de César Duarte.
Hace poco más de dos años, Javier Corral denunció que alrededor de 250 millones de pesos presuntamente fueron destinados a campañas políticas del PRI, lo que implicaba a los ahora ex gobernadores Javier Duarte de Veracruz, César Duarte de Chihuahua y Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas.
Por medio de un comunicado de prensa, Fiscalía encabezada por César Peniche informó que con la sentencia en contra de Alejandro Gutiérrez se concluye el juicio penal 22/2019 o la causa penal 4094/2017 iniciada por el Tribunal de Enjuiciamiento el pasado 2 de abril.
A través de las pruebas y el montaje del expediente, las juezas Hortencia García Rodríguez y Juana Gabriela Córdova se pronunciaron a favor de hallar culpable a Gutiérrez por el delito de “peculado agravado”.
Según las investigaciones emprendidas por la justicia chihuahuense, el priista simuló la “prestación de servicios” por 1 millón 740 mil pesos a través de las empresas Jet Combustibles S.A. de C.V. y Promotora de Señalamiento Integral S.A. de C.V.
Los supuestos desvíos de recursos acontecieron entre el 20 y 23 de diciembre del 2015, cuando éste le solicitó al gobierno de Duarte el préstamo de 2 millones de pesos que finalmente fueron transferidos a empresas de “conocidos suyos”.
Al concretarse el cambio de gobierno, Corral denunció daños al erario y presentó pruebas, especialmente facturas por diversos montos y la inexistencia de los servicios prestados ante la justicia local, con el cual se dio a conocer la existencia de la llamada “Operación Zafiro”, con el fin de favorecer al PRI a costa de las finanzas locales de Chihuahua.
Consumada la transición, el gobierno de Javier Corral denunció los últimos años de la pasada administración federal, encabezada por el ex presidente Enrique Peña Nieto, negociaciones entre su administración y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la obtención de recursos extraordinarios.
A cambio de este financiamiento la administración de Peña Nieto pidió el traslado de Gutiérrez a la justicia federal, a lo que Javier Corral se negó y emprendió la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”.
Tras leerse la resolución de las juezas Hortencia García y Juana Córdova, Gutiérrez dijo sentirse tranquilo y amagó con recurrir a la justicia federal.
“Como ya lo veíamos venir, la ilegalidad en cuanto a los testigos protegidos que yo les he llamado delincuentes protegidos, nos da toda la base jurídica para que en la siguiente instancia, que es local y en la que seguramente resuelvan igual de acuerdo con las instrucciones de Corral. Pero sí en las instancias federales nos da la confianza para ir por la absolución”, dijo.
LA CONEXIÓN TAMAULIPAS
El 27 de enero del 2018, el contralor del gobierno de Tamaulipas Mario Soria Landero informó a los medios que la dependencia a su cargo tenía también bajo análisis la denuncia que reveló el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, sobre una supuesta triangulación de recursos por alrededor de 250 millones de pesos que presuntamente fueron destinados a campañas políticas del PRI, entre ellas a la de Egidio Torre Cantú.
“Cuando obtenemos una observación mediática tenemos que investigar, yo no puedo actuar en base únicamente a la información que se obtuvo vía periódico o televisión; nosotros hacemos la investigación, no es fácil, porque tenemos que sacar archivos, revisar muy bien y darle seguimiento. Probablemente necesitemos apoyo de instituciones financieras o de la unidad financiera de la Secretaria de Hacienda”, indicó Soria.
Refirió que pese a lo complicado que puedan resultar estas indagatorias, si encuentran algo las autoridades de Tamaulipas actuarán en consecuencia.
“No es fácil, pero si lo que ustedes quieren saber es que si nosotros encontramos algo vamos a actuar, sí, ténganlo por seguro que sí, y si algo tenemos prohibido por el gobernador es inventar casos, pero también ignorarlos si sabemos que existen”, dijo el contralor, aunque luego ya no volvió a abordar el tema.







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