Piden destituir a alcaldes y funcionarios de Tamaulipas que no cumplan con transparencia

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En materia de reglamentos, los ayuntamientos de Tamaulipas andan en pañales.
Por tal motivo el diputado Anto Adán Tovar García, de Matamoros, pidió este miércoles en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, adiciones al artículo 49 del Código Municipal que obligue a los alcaldes a actualizar la reglamentación básica como fundamento jurídico de las acciones de gobierno.
Dijo que diez municipios no cuentan con ninguno: Abasolo, Burgos, Hidalgo, Mainero, Méndez, Nuevo Morelos, Palmillas, San Carlos, San Nicolás y Villagrán.
Once con uno solo: Aldama, Antiguo Morelos, Casas, Cruillas, Gómez Farías, Jiménez, Mier, Ocampo, Soto la Marina, Miquihuana (el Reglamento de limpieza Pública) y Padilla (sólo el Interior del Ayuntamiento).
Significa que un 23 por ciento de los 43 no cuentan con una base jurídica de sus funciones, y solo el 25 por ciento han mostrado algún interés en actualizar ese marco normativo.
Destacó el legislador que estos aspectos limitan el desarrollo de los municipios y, en muchos casos, la creación de nuevos mecanismos alternos de justicia local, mediación e instrumentos que permitan fortalecerlos en la toma de decisiones.
Por su orden jurídico, los municipios más completos son los siguientes: Reynosa con 33 reglamentos; Nuevo Laredo, 32; Victoria 24; Matamoros, 23; Mante 19 y Altamira 14.
La iniciativa concede tres años para que expidan la reglamentación necesaria para su funcionamiento.
En la misma plenaria, el diputado Rafael González Benavides subió iniciativa de adiciones a la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, para hacer más severas las sanciones a funcionarios que no cumplan con sus contenidos.
Aunado a las multas económicos de 300 a dos mil 500 UMAS, se pide la destitución de los servidores, o la inhabilitación para el ejercicio del empleo hasta por cinco años consecutivos.
Dichas sanciones van encaminadas a todo ente estatal, municipal, órganos autónomos o descentralizados que manejen fondos públicos, como partidos políticos y sindicatos, así como personas físicas que ejerzan dinero del erario o realicen actos de autoridad.
En dictámenes la legislatura emitió decreto de reformas a la Ley de Transporte para obligar a las unidades de pasajeros, a destinar lugares preferentes para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.
Para ellos estarán destinados los primeros cuatro asientos “próximos a la entrada” de cada microbús o autobús mayor de 12 plazas.
El motivo de la reforma es que los transportistas, presten un servicio que facilite la movilidad y desplazamiento de esos grupos vulnerables hacia sus múltiples actividades de la vida diaria, relacionadas con el trabajo, salud, educación y esparcimiento, entre otras.