Por David Zárate Cruz
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El ex Tribunal Fiscal del Estado negó condenar a la Secretaría de Seguridad Pública al pago de la indemnización constitucional a una agente de la Policía Estatal, despedida con argumentos de tipo fiscal a pesar de que ella tenía un embarazo de alto riesgo.
Los magistrados federales intervinieron porque consideraron que los argumentos debieron ser de materia laboral, por lo que mediante la ejecutoria 729/2018 otorgaron un amparo para proteger a la mujer policía.
David Ricardo Mancilla Nava, secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito en Victoria, determinó que se estima desacertado el proceder del Tribunal responsable, cuando demerita no conferirle valor probatorio a las documentales ofrecidas, a fin de demostrar que en la época que se le imputó falta a su servicio la agente tenía un embarazo de alto riesgo, así determinado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
El 18 de diciembre del 2018, se recibió en el Poder Judicial Federal en esta capital la demanda promovida por la mujer policía en contra del ex Tribunal Fiscal del Estado, por la sentencia de 15 de noviembre de 2018 dictada en el expediente 97/2017, la cual absolvió a la dependencia estatal del pago de la indemnización constitucional, usando criterios fiscales y no laborales, considerándolo violatorio de las garantías de seguridad jurídica y debido proceso.
En un principio, la mujer promovió juicio contencioso administrativo en contra de la Policía Estatal Acreditable y del gobierno, reclamando el pago de una indemnización y otras prestaciones económicas derivadas de un despido injustificado, el 22 de abril de 2015, por tener un embarazo de alto riesgo. Para ello presentó documentos del ISSSTE que demostraban su dicho, pero al acudir a juicio las autoridades estatales argumentaron que fue despedida por inasistencias.
El 15 de noviembre del 2018, el ex Tribunal Fiscal del Estado emitió la sentencia absolviendo de la indemnización constitucional, al considerar que las pruebas documentales del ISSSTE carecían de valor probatorio al no haber sido presentadas al inicio del juicio administrativo, usando para ello artículos y jurisprudencia de leyes fiscales y no laborales, ante lo cual la afectada recurrió al juicio de amparo.
David Ricardo Mancilla Nava, a quien correspondió estudiar el asunto, determinó que según el ex Tribunal Fiscal del Estado esas pruebas no fueron ofrecidas dentro del procedimiento, incoado por el Consejo de Desarrollo Policial de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas en contra de la actora, no obstante que estaba obligado a hacerlo, sustentando su criterio en jurisprudencia fiscal, cuando debió haber analizado el asunto desde el punto de vista laboral.
El pleno judicial otorgó el amparo para que el hoy Tribunal de Justicia Administrativa de Tamaulipas deje insubsistente la resolución y emita otra en la que al referirse al valor probatorio de las pruebas que ofreció la actora en el juicio contencioso, soslaye de aplicar el criterio jurisprudencial 2a./J. 73/2013 (10a), emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Discussion about this post