Por Redacción
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca informó que sugirió a la fiscalía general que solicite asistencia técnica del FBI y de otras agencias internacionales para dar mayor fortaleza y transparencia a las investigaciones abiertas en torno a la acusación de la presunta ejecución extrajudicial de ocho personas en Nuevo Laredo, imputada a policías estatales.
En sintonía con lo dicho por el gobernador, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que la Dirección de Asuntos Internos de la dependencia suspendió temporalmente a los policías que reportaron los hechos ocurridos el pasado 5 de septiembre de la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, para facilitar las investigaciones que determinen las circunstancias en que ocurrió dicho evento.
De acuerdo con versiones del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), ese día ocho personas habrían sido presuntamente ejecutadas de manera extrajudicial por policías de Tamaulipas, para lo que recurrieron a un montaje para hacerlas aparecer como miembros de la delincuencia.
Ante esa versión, que se replicó en varios medios de comunicación, el gobernador dijo este jueves que “mi compromiso es indeclinable con la ley y los derechos humanos. Desde que se dio a conocer la denuncia sobre los hechos de Nuevo Laredo, la Fiscalía del Estado, en ejercicio de su autonomía, abrió de oficio una carpeta de investigación”.
Refirió que, para que no quede ninguna duda, “he sugerido al Fiscal General que solicite la asistencia técnica del FBI y de otras agencias internacionales, para dar mayor fortaleza y transparencia a las investigaciones”.
Refirió que en caso de que las investigaciones concluyan en responsabilidad de funcionarios estatales se actuará con toda la fuerza de la ley “y cumpliremos las medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública reiteró también su “plena disposición a colaborar de manera transparente en el proceso de las investigaciones, y ratifica su compromiso de que, en el cumplimiento de su deber, los servidores públicos deberán apegarse a la legalidad y el respeto a los derechos humanos”.






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