Por Agencia.- El asesinato de una candidata a las elecciones locales y otras cinco personas revive los peores fantasmas del pasado. El Gobierno señala a un grupo disidente de las FARC.
Los atacantes interceptaron el vehículo y lo acribillaron. Después, le prendieron fuego. Y el horror volvió a sacudir a Colombia. El asesinato de una candidata municipal del Partido Liberal en una localidad del departamento del Cauca, uno de los principales corredores del narcotráfico del suroeste del país, y otras cinco personas revivió el lunes los peores fantasmas del pasado. El Gobierno de Iván Duque señaló a un grupo criminal encabezado por disidentes de las FARC y ofreció 100 millones de pesos (unos 30.000 dólares) por información que lleve a la captura del responsable, apodado Mayimbú.
El atentado contra Karina García, que fue asesinada en el municipio de Suárez la madrugada del lunes junto a su madre y cuatro líderes locales tras haber denunciado amenazas de muerte, es el enésimo acto de violencia desde el comienzo de la precampaña de las elecciones locales, que se celebran el próximo 27 de octubre. Después de la firma de los acuerdos de paz entre el Estado y la guerrilla más antigua de América, en 2016, los colombianos acudieron el año pasado a las urnas para elegir a sus congresistas y al sucesor de Juan Manuel Santos en un clima de relativa serenidad electoral. En el último mes, sin embargo, la Misión de Observación Electoral, una plataforma de organizaciones sociales, ya ha registrado el homicidio de cinco candidatos.
A estos datos se suma el incesante goteo de ataques contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos y la enorme inquietud generada la semana pasada por el anuncio del ex número dos de las FARC, Iván Márquez, quien rompió con el proceso de paz y retomó las armas. Duque ordenó de inmediato al ministro de Defensa, Guillermo Botero, trasladarse junto a la cúpula militar y policial al Cauca “para dar con los responsables de los recientes hechos violentos registrados en la región”. Este ofreció una recompensa de 100 millones de pesos (unos 30.000 dólares) “por información que conduzca a la captura de alias Mayimbú y de 50 millones por alias Marlon, presuntos responsables del homicidio”.
Aunque el brutal asesinato de Karina García no guarda relación directa con la deriva de Márquez y otros excabecillas de la antigua guerrilla, se sitúa en un contexto de creciente inseguridad en varios territorios rurales, donde bandas integradas por excombatientes, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), organizaciones paramilitares e incluso enviados de carteles mexicanos se disputan el control de la producción de coca. Además, a diferencia de la tendencia registrada en los últimos meses, este asesinato tenía como objetivo a una candidata de uno de los partidos colombianos tradicionales. “Exigimos garantías al presidente Iván Duque para nuestras vidas y poder participar en la contienda electoral”, instó la formación de la candidata asesinada.
“Desde marzo”, señala el último informe de la Fundación Paz y Reconciliación sobre violencia en periodo electoral, “los datos muestran un aumento del 56,25% en número de víctimas y el comportamiento del fenómeno demuestra que distintos actores violentos con intereses sobre los espacios de representación recurren directa e indirectamente al asesinato y la intimidación como mecanismos de competencia”. Mayimbú, el hombre acusado de este crimen, cuyo verdadero nombre es Leider Johani Noscué, ingresó en las FARC hace más de una década y rechazó acogerse al proceso de paz. Desde entonces, se dedica a delinquir en la región con un grupo de hombres integrado en una banda conocida como Jaime Martínez. Es decir, se trata de una cuadrilla de criminales a secas.
Cerrar filas
A pesar de ello, la dirección del partido heredero de la antigua insurgencia, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que se sienta en el Congreso con 10 parlamentarios, lleva días empleándose en marcar distancias con los disidentes y tratando de mantener unidas a sus bases ante el temor a una posible desbandada.
“Para nadie es un secreto que los desertores del proceso de paz, con el argumento de las dificultades presentadas en la implementación de los acuerdos, están llamando a los militantes de nuestro partido, particularmente a los exguerrilleros y exguerrilleras, para convidarlos a que los sigan en su errática decisión de volver a la guerra, incluso pintándoles pajaritos de oro”, escribió el lunes Rodrigo Londoño, Timochenko, máximo dirigente de la formación, en una circular dirigida a los militantes. “Quiero que los que puedan sentirse tentados por los cantos de sirena de los desertores de la paz, piensen, mediten, analicen muy bien la realidad antes de decidirse a seguir semejante equivocación”, exhortó. El excombatiente advierte también de que Márquez y Jesús Santrich, vinculado por la justicia al narcotráfico y fugitivo desde julio, pondrán en peligro a los que decidan unirse a ellos. “Sabemos que los que se llaman hoy jefes no van a hacer la guerra, que se quedarán del otro lado de la frontera”, dice en referencia a Venezuela. “Serán sus tropas las que lleven las peores consecuencias”.
Según un análisis extendido, su ruptura con la paz elevará la tensión en las zonas más inseguras del país, donde la presencia del Estado aún es débil, precisamente en vísperas de las elecciones locales. Como consecuencia, los líderes sociales y los sectores más vulnerables de la sociedad, que dicen defender, se verán todavía más expuestos a la violencia.
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