Por Agencias
Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de la República reactivó el expediente sobre el incendio de la Guardería ABC, ocurrido hace diez años, en el que se incluye al ex gobernador priísta Eduardo Bours y a los dueños de la estancia infantil que no habían sido imputados.
Entre los señalados está Marcia Gómez del Campo, prima hermana de Margarita Zavala, la esposa del ex presidente Felipe Calderón, que tenía intereses en la guardería donde murieron 49 niños y más de 100 resultaron lesionados.
Al término del segundo encuentro que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo en privado con padres de las víctimas de la guardería, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que a los afectados directos e indirectos se les restituyó el servicio médico subrogado, de manera vitalicia.
Robledo explicó que el 22 de agosto el Seguro Social ratificó la denuncia que presentó su antecesor, Germán Martínez, en mayo pasado, y que tiene como base el proyecto del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde “se establece la responsabilidad de varios funcionarios -entre ellos el ex gobernador- y de particulares, que son los dueños de la guardería.
“La denuncia presentada por Germán Martínez es contra el ex gobernador Bours, pero nosotros estamos considerando incluir también a los particulares, porque no puede haber justicia si no se incluye a los grandes dueños de esta guardería”.
“Lo que estamos pidiendo en la investigación es que se consideren los elementos del proyecto del ministro Zaldívar, que desafortunadamente (en su momento) se votó en contra y fue lo que imposibilitó que se diera la investigación”.
Lo que estamos haciendo, dijo, es «retomar la investigación para pedirle a la fiscalía que la integre en nuestra denuncia”, que ya fue ratificada y la fortaleceremos en 24 horas, porque “ahora viene la ampliación y eso estamos por hacerlo, porque es integrar un expediente bastante voluminoso. Lo que no queremos, y nos lo dijo el presidente, es que esto se convierta en un asunto que se politice. Es justicia y no propaganda, hay que hacerlo bien”.
También señaló que investigará a los proveedores del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales del IMSS que “hayan cometido anomalías en el momento de cobrar facturas a sobreprecio, a costa del dolor y sufrimiento de los niños”.
Robledo recordó que en diciembre se suspendió la atención de los servicios subrogados para más víctimas y familiares, “a partir de una interpretación de la Auditoría Superior de la Federación”. (Alma E. Muñoz/Cristina Gómez/La Jornada).
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