La Fiscalía General de la República abrirá expedientes de las fosas de San Fernando

Por Agencias
Ciudad de México.- Al considerar que los hechos se relacionan con probables violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir los expedientes de los casos de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas y Cadereyta, Nuevo León, entidades que fueron escenario de masacres contra personas migrantes hace una década.
En 2013 un particular solicitó la cantidad y lugar donde se encuentran los restos que no han sido identificados de los migrantes encontrados entre 2010 y 2011 en San Fernando, y de los localizados en Cadereyta en mayo de 2012. También pidió el expediente de las investigaciones realizadas.
La entonces Procuraduría General de la República envió el vínculo para consultar la respuesta de una solicitud diversa, entregó boletines de prensa y orientó a presentar la petición ante otras autoridades.
El ciudadano consideró que la información entregada es incompleta, desactualizada y no contiene específicamente lo requerido.
En sesión el Pleno del INAI aprobó el proyecto presentado por el comisionado Óscar Guerra Ford que instruye la entrega de los expedientes en versión íntegra de los restos de los 72 migrantes de 2010, las 47 fosas de 2011, ambos en San Fernando, y los restos de 2012 en Cadereyta.
“Los tres asuntos tuvieron impacto no solo a nivel nacional, sino internacional y que actualmente el tema de los migrantes es una constante preocupación para México y para todo el mundo toda vez que nuestro país es el camino de constantes caravanas que pretende llegar a los Estados Unidos, por lo que se acrecienta como grupo vulnerable, pues en su trayecto corren el riesgo de ser interceptados por grupos de la delincuencia organizada, como todo suele parecer que así sucedió”, expuso el comisionado Guerra Ford.
Por todo lo anterior y para no volver a repetir las historias, “resulta necesario que mediante la aplicación de prima fase se deba realizar el derecho de acceso a la información, cuando sea el caso, permitiendo el acceso a averiguaciones previas que estén relacionadas con violaciones graves a derechos humanos”, expresó
Al concluir el comisionado destacó el periplo del solicitante y lo antiguo de estas historias: “Y una disculpa, comisionados, pero sí es una historia de casi 10 años, de siete años y un devenir de un solicitante para conseguir una información”. (Ana Langner/La Jornada).