Por David Zárate Cruz
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El CDE del PRI perdió una contienda más en la entidad, pero esta vez en el terreno laboral porque un empleado despedido le ganó la batalla con la ayuda del Poder Judicial de la Federación.
Por medio de la ejecutoria 1295/2019, los magistrados federales le negaron un amparo al CDE del PRI en contra de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado (JLCA) en Victoria, por lo que tendrá que pagar la indemnización constitucional y otros conceptos a un trabajador despedido injustificadamente.
El magistrado Daniel Ricardo Flores López, presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, notificó la sentencia ejecutoria por medio de la cual se le niega el amparo al Comité Estatal del PRI en Tamaulipas, la cual es definitiva porque contra esta resolución ya no existe ningún recurso al cual pueda recurrir el partido, por lo que tendrá pagar todo lo condenado en el Laudo respectivo.
El 18 de octubre del 2019, el PRI de Tamaulipas acudió ante el Poder Judicial Federal en esta capital para presentar demanda en contra de la Junta Especial Número Uno de la JLCA, por el Laudo de 11 de septiembre de 2019 en el juicio laboral 286/E01/2017, el cual consideró como violatorio de las garantías de seguridad jurídica y debido proceso por violaciones a la Ley Federal del Trabajo.
Por acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal (JCF), el expediente fue enviado al Centro Auxiliar de la Décima Región con residencia en Saltillo, Coahuila, con la finalidad de que auxiliara al de Victoria en el estudio y emisión de la sentencia ejecutoria, esto debido a las fuertes cargas de trabajo existentes con motivo de las decenas de demandas presentadas diariamente, precisamente en contra de las Juntas Especiales y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.
Fue así como el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito de dicho Centro Auxiliar llevó a cabo el estudio de los argumentos jurídicos del CDE del PRI en Tamaulipas, y encontró que la Junta Especial Número Uno de la JLCA no cometió ninguna violación a las garantías constitucionales, por lo que negó el amparo, siendo regresado el expediente a Ciudad Victoria.
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