Por Agencia.-
La apelación a la cárcel que la Corte Nacional impuso a Rafael Correa terminó con el mismo resultado que la sentencia de primera instancia. La condena a prisión seguirá siendo de ocho años, aunque el expresidente ecuatoriano sí se beneficiará de una reducción en el tiempo de inhabilitación política, que baja de los 25 años a un periodo igual al de encarcelamiento. La justicia de Ecuador ratificó este lunes la decisión que tomó el tribunal el 26 de abril para 17 de los 20 condenados en el caso Sobornos 2012-2106, que investigó una trama de financiación ilegal del partido Alianza PAIS, la formación que fundó el exmandatario, a cambio de contratos con el Estado.
Tanto Correa como sus excolaboradores más cercanos se enfrentan a una pena de ocho años, incluyendo a su exvicepresidente Jorge Glas, que ya está en prisión por el caso Odebrecht. Ambos fueron declarados culpables de cohecho, al aceptar la Corte Nacional la teoría de que estaban en la cabeza de una organización estructurada para obtener dinero de contratistas del Estado. El tribunal de apelación rechazó la petición de la mayoría de abogados de defensores de anular la sentencia. Alegaban cuestiones formales, como la falta de notificación de la resolución judicial y argumentos de fondo contra las pruebas incriminatorias.
Además de Correa y de Glas, la justicia ratificó la sentencia para el exsecretario jurídico de Presidencia de esa época, Alexis Mera, los exministros María de los Ángeles Duarte, Walter Solís y Vinicio Alvarado, y los exparlamentarios Viviana Bonilla y Christian Viteri. También para todos los empresarios condenados, salvo para uno que pasó de autor a cómplice gracias a la apelación y que, en consecuencia, consiguió una rebaja de la pena de ocho años a dos años y ocho meses.
De los 20 sentenciados, solo este empresario y una de las implicadas que colaboró desde el inicio con la investigación consiguieron una reducción de la condena. Laura Terán se beneficiará de un 90% de rebaja, quedando su castigo penal en tres meses y seis días de prisión. Ella era la asistente de Pamela Martínez, asesora en Presidencia cuando gobernaba Correa. Entre las dos llevaban un registro contable de los pagos que recibían los funcionarios y de cómo se hacían las transacciones, en efectivo o con cruce de facturas por servicios no prestados o con precios inflados. Martínez, en cambio, deberá cumplir los 38 meses y 12 días que le impuso la Corte Nacional como respuesta a la cooperación penal.
Un cuaderno con anotaciones suyas sobre los movimientos de dinero, así como correos electrónicos y archivos de Excel sirvieron de base a la Fiscalía para estructurar la investigación y sustentar el primer juicio por el que es condenado Rafael Correa en Ecuador. Tiene otro abierto, por el secuestro de un asambleísta de oposición, pero no puede ser juzgado en ausencia. El exmandatario reside en Bélgica desde mediados de 2017.
“Los ‘jueces’ ecuatorianos dan vergüenza. Me duele en el alma decirlo. Saben a lo que se están prestando ¿Rabo de paja o tan solo cuidar el puestito?”, puso en duda Rafael Correa la decisión del tribunal de apelaciones. Sus exministros también reprocharon el resultado judicial desfavorable. “No pensé que llegarían a esto. Realmente confié en que los funcionarios honestos no podrían ser perseguidos. Pero me equivoqué. Me han condenado sin más pruebas que el testimonio de una delincuente confesa. ¿Qué será de mi hijo pequeño? ¡Yo soy todo lo que él tiene!”, publicó en Twitter la exministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, quien no ingresó en prisión preventiva al inicio de la instrucción precisamente para poder seguir al cuidado de su hijo.
“¿Qué podemos esperar de Jueces de la Corte Nacional que ni siquiera han ganado el concurso y son puestos a dedo por un Consejo de la Judicatura, elegido a su vez a dedo por Lenín Moreno?”, añadió Alexis Mera, ex secretario jurídico de Presidencia, que volvió a aludir al discurso de la persecución política al que han recurrido Correa y otros funcionarios de su gobierno.
Según el Ministerio Fiscal, la trama de aportaciones económicas irregulares de campaña del caso Sobornos operó entre 2012 y 2016 y movió más de siete millones de dólares (unos 6,5 millones de euros). La Procuraduría General del Estado, que también actuó como acusación, cifró el perjuicio al país en 21 millones de dólares.
Los jueces que han revisado la segunda instancia han especificado también cuánto deberá pagar cada uno de los condenados en concepto de reparación al Estado. Los sentenciados como autores y coautores abonarán cada uno 778.000 dólares, mientras que los cómplices asumirán 368.000 hasta completar 14,7 millones de dólares.
Denegadas las apelaciones, a los condenados les queda ahora la opción de recurrir por Casación para agotar todas las instancias judiciales antes de que la sentencia quede, según el procedimiento jurídico, “ejecutoriada”, es decir, sea firme e impida al exmandatario presentarse a las elecciones presidenciales de 2021. Según ha adelantado él mismo, su intención sería correr como candidato a vicepresidente con un aliado que vaya de número uno, cuya identidad aún no se ha dado a conocer. El tiempo puede jugar a su favor o en su contra, dependiendo de si todos los recursos judiciales quedan resueltos antes o después del plazo para inscribir las candidaturas. El tribunal, por su parte, apenas se ha tomado dos días para notificar a las partes su decisión sobre la apelación para que el procedimiento pueda avanzar.
Discussion about this post