Felipe Martínez Chávez
Cd. Victoria, Tamaulipas- Transcurrieron las comparecencias de funcionarios del gabinete estatal ante el Congreso del Estado, para glosar el informe del Gobernador.
Nada nuevo. No son obligatorias. La Constitución dice que deben mandar informes por escrito, cada año.
Así quedó establecido en el artículo 93, cuando en octubre del 2019 el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presentó iniciativa de Ley para cambiar de septiembre a marzo, anualmente, la fecha de los informes.
Es una práctica arcaica que viene desde la época de Emilio Martínez Manautou, iniciada como desfogue a la presión que ejercían las oposiciones para interpelar al Gobernador. Querían hacerlo responder a preguntas de los legisladores.
A partir de ahí, se eliminó de la Constitución la obligatoriedad de los ejecutivos de ir a leer sus informes ante el Congreso.
El último en concurrir, en su último informe, fue Américo Villarreal Guerra. Quería quedar marcado por la historia y caminó desde Palacio de Gobierno, por la avenida Juárez, hasta el viejo recinto legislativo en la Unidad Gubernamental Revolución Verde.
Más antes era cosa del partido. En plena era priísta se le llamó glosa. Las organizaban los sectores y servían para resaltar la figura y acciones del mandamás.
Según el espíritu de la reforma a la Carta Estatal, el fin fue que los colaboradores del ejecutivo respondieran a dudas del Congreso, abundaran hechos y datos que un informe de dos horas no podía incluir.
Por aquellos días, mandar a un secretario al Congreso era enviarlo al escrutinio de la oposición, meterlo a la jaula de los leones. Nadie quería ser seleccionado.
Los tiempos cambiaron en lo últimos años, y se le tomó como pasarela o posicionamiento ante la opinión pública, un evento para exhibirse en el trabajo, sus dotes de oratoria y habilidades para enfrentar a los enemigos.
Ya no hay razón. En estos tiempos las comparecencias son del pasado. No tienen razón. Dejaron de ser una plataforma de imagen para el ejecutivo en turno.
Deben concurrir sí, dice la propia Constitución, cuando los diputados discutan alguna nueva Ley o proyecto, y solicitan ampliar datos.
Tampoco esos informes (¿realmente los presentan los secretarios?), por escrito, deben ser enviados luego del documento del Gobernador. Pudiera ser antes.
La conclusión es que, para aquellos que comparecieron en esta ocasión, no fue una plataforma política, ni para Gloria Molina Gamboa y Carlos García González, que se presentaron en el pleno, menos para quienes se presentaron en comisiones.
Ella no es tamaulipeca como para hacer futurismo; él ya tuvo su oportunidad en Matamoros.
Se me hace que es tiempo que el ejecutivo y legislativo tomen acuerdos según la reforma publicada en el POE el 22 de octubre del 2019, para que los colaboradores del ejecutivo manden sus explicaciones por escrito.
En otros asuntos, la cloaca que dejó Xicoténcatl González Uresti en el ayuntamiento capitalino sigue despidiendo fétidos olores.
Ahora circulan recibos por pagos que se hicieron en la Dirección de Cultura y las Artes, a cargo de Rafael Guillermo Anaya Calzada, a nombre de parientes suyos y empleados del grupo musical que regentea.
La versión afirma que siguen cobrando, lo mismo que Anaya, a quien su compadre Xico le heredó una plaza de base como “analista programador”, de las más altas económicamente que mantiene el ayuntamiento.
Metió a nómina a músicos de su grupo K9 y la parentela como Vicente Abdiel Carranza Saldívar y Héctor Oscar Cabrera Lerma, quienes tienen asignados cinco mil pesillos por quincena, más prima vacacional. Feliciano Infante de la Cruz es otro de los pupilos de Anaya que sigue cobrando.
No solo eso. Pagaron facturas que se sospecha fueron “infladas” por arriba de los precios de mercado, principalmente por renta de equipo de iluminación y tarimas.
Como proveedor favorito aparece Noé Garza Reyes, a quien se le pagaron servicios que es difícil comprobar.
Un documento interno muestra que Tesorería le regresó -ante la sospecha- 21 facturas que amparan 232 mil pesos. Las más altas son por 19 mil 700 cada una, por concepto de “iluminación y batería completa”.
Por ejemplo, el 8 de septiembre del 2019 se dio un evento en el Paseo Méndez, donde el proveedor cobró 25 mil 500 pesos por el mismo concepto. La sospecha es que los costos del servicio andan arriba, o no se proporcionaron, lo cual la Contraloría debe determinar.
La renta de una tarima de cuatro por ocho metros registra pagos de 15 mil 660 pesos, que da lugar a sospechas.
En fin, ya los fiscalizadores decidirán qué hacer.
Con motivo del Día Internacional Contra la Corrupción, la tamaulipeca Olga Sosa Ruiz subió a tribuna de la Cámara de Diputados a proponer reformas a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para lograr la paridad de género hacia el Comité de Participación Ciudadana. Ella busca ser candidata de Morena a la alcaldía de Tampico.
Para cerrar con diputados, fuerte agarrón este miércoles en el Congreso del Estrado en el punto de asuntos generales. La verdad es que se dicen muy feo.
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