Por Oscar Misael Hernández-Hernández (investigador del Colegio de la Frontera Norte)
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los 19 cuerpos calcinados y amontonados en la caja de un vehículo, encontrados el 22 de enero del presente año en un ejido del municipio de Camargo, Tamaulipas, nos invitan a repensar la frase de George Santayana: “Aquellos que no pueden recordar el pasado, están condenados a repetirlo”.
El precedente es por demás conocido: el asesinato de 72 migrantes de Centro y Sudamérica en San Fernando en el 2010, los casi 200 cuerpos encontrados en fosas clandestinas en 2011, los nueve migrantes guatemaltecos hallados en Güémez en 2015, hasta los 19 cuerpos ahora encontrados en Camargo; cuerpos que antes de ser reducidos a cal o cenizas (después de todo calcinar deriva del latín calx e incinerar de cinis) fueron privados de sus vidas con armas de fuego.
Esta última masacre -porque en sí fue una matanza- que tiene a 12 policías estatales detenidos como presuntos autores materiales, ha reavivado la polémica sobre la violencia en Tamaulipas, en particular en su frontera con Estados Unidos y hacia los migrantes.
Si consideramos el antecedente histórico de violencia contra los migrantes en la región, pero sobre todo, ante las evidencias de que por lo menos 14 de los 19 cuerpos calcinados en Camargo eran de migrantes procedentes de Guatemala, la polémica no sólo cobra vigencia, sino también causa zozobra. Sin embargo, por un momento consideremos que los 19 cuerpos no eran de migrantes sino bajas en un conflicto entre criminales -lo cual constituiría una hipótesis nula en términos científicos-. El hecho, por supuesto, sigue siendo alarmante y la explicación está en las confrontaciones añejas entre cárteles que operan en la frontera tamaulipeca, quienes se disputan el control territorial, protegidos y asistidos por policías federales y de Tamaulipas.
No es ajeno que, al menos desde el año 2010, en esta región fronteriza el Cártel del Golfo y los Zetas entablaron luchas armadas que no sólo causaron daños en ambos bandos y las fuerzas de seguridad, sino también entre la población, propiciando el terror colectivo y el desplazamiento forzado, tal fue el caso de las familias emigrantes de Ciudad Mier a Miguel Alemán en noviembre de aquél año. No obstante, a una década de distancia, las luchas en la frontera son entre el Cártel del Golfo (CDG) y el Cártel del Noreste (CDN), este último heredero de los Zetas al ser comandado por un pariente de los Z-40 y Z-42.
A la fecha, las confrontaciones entre estos cárteles -y sus consabidas bajas- no han menguado. No en balde, a mediados del año 2020, los gobernadores del noreste mexicano y fuerzas federales acordaron un plan de seguridad conjunto “para garantizar la paz y la seguridad” en la región. A pesar de ello, los “encontronazos” son comunes, en particular en la denominada “frontera chica”. Esta última es una subregión de la frontera de Tamaulipas conformada por cinco municipios: Guerrero, Mier, Camargo, Miguel Alemán y Díaz Ordaz, en los cuales residen menos de 100 mil 000 habitantes dedicados a la agricultura, ganadería y la pesca. El panorama demográfico y económico sin duda invita a cuestionarnos cuál es la relevancia de esta subregión para los cárteles.
La respuesta la encontramos en crónicas como la de Diego Enrique Osorno, La guerra de los Zetas, o en análisis detallados como el de Guadalupe Correa, El condado de Starr y la frontera olvidada:
a) la subregión está en disputa porque está inmersa en la llamada Cuenca de Burgos -uno de los campos de explotación de hidrocarburos más importantes en el mundo.
b) cuenta con cuatro cruces internacionales.
c) está la presa Marte R. Gómez -situada en Camargo, la cual abastece un distrito de riego.
d) se sitúa entre Nuevo Laredo (principal puerto aduanero en México y cuna del CDN) y Reynosa (ciudad maquiladora y dominio del CDG).
e) por su orografía la subregión “se presta” para el trasiego de drogas, y f) por su “aislamiento” llegó a convertirse en una buffer zone (zona de contención, como atinadamente la llama Correa), donde los cárteles se enfrentan abiertamente y sin tregua.
Desde esta perspectiva, los 19 cuerpos calcinados encontrados en Camargo son el resultado de los enfrentamientos sanguinarios entre cárteles que se disputan el control del territorio por intereses obvios. Sin embargo, si dejamos de lado la hipótesis nula y consideramos que los 19 cuerpos sí eran de migrantes (una hipótesis teórica), entonces las aristas de análisis son amplias, en especial considerando las declaraciones en redes sociales de supuestos familiares de las víctimas, quienes aseguran que al menos 14 de los 19 cuerpos calcinados eran de Comitancillo, Guatemala; o bien la solicitud de información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala al gobierno de Tamaulipas.
A pesar de la reticencia de la Secretaria de Gobernación en México de comparar el caso de Camargo con el de San Fernando, la historia de tránsito migratorio y violencia contra los migrantes en Tamaulipas plantea paralelismos e indicios importantes. Primero, está documentado que, desde la década de los ochenta, Tamaulipas se volvió una ruta de tránsito para migrantes procedentes de América Central y con destino a ciudades de la Costa Este americana; ello debido a la existencia de casas de apoyo a migrantes, pero también a una amplia red de “coyotes” o “polleros”.
Segundo, desde el caso San Fernando, es sabido que los grupos criminales monopolizaron el “tráfico” de migrantes por tratarse de un negocio lucrativo, después del tráfico de drogas y de armas. Ello lo lograron poniendo sus propios “coyotes”, reclutando a los existentes o bien cobrándoles cuotas por trabajar o transitar por sus territorios.
No obstante, para los grupos criminales “el negocio” del tráfico de migrantes no ha sido el mismo: mientras que para unos sí es engancharlos con “coyotes” y cobrarles para cruzarlos a Estados Unidos, para otros el negocio más bien está en secuestrarlos, extorsionar a sus familiares y amenazarlos de muerte en caso de no pagar. Esta última fue una de las hipótesis manejadas en el caso San Fernando -además de la resistencia al reclutamiento-, y también puede ser una en el caso de los 19 cuerpos calcinados en Camargo, además de otra como pensar que fueron asesinados por un grupo criminal porque sospechaban que eran elementos que iban para la contra -como también plantearon algunas autoridades en el caso San Fernando-, o suponer que fueron asesinados porque el o los coyotes, no pagaron la cuota de piso por transitar en territorio ajeno.
Más allá de la hipótesis teórica en torno al caso de los 19 cuerpos calcinados en Camargo y de los paralelismos con hipótesis manejadas en el caso de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, no hay que pasar por alto dos hechos más que pueden dar otros elementos de análisis y reflexión: por un lado, en 2012 la masacre de 49 migrantes en Cadereyta, una ciudad antaño disputada entre los Zetas y el CDG al ser ruta de tránsito entre Monterrey y Reynosa y ubicada a 170 kilómetros de Camargo; y por otro, la adversidad que hoy en día viven los migrantes que arribaron a la frontera tamaulipeca en caravana, quienes son víctimas herederas de la política migratoria de Donald Trump y la política de sumisión mexicana.
Pero no sólo eso: también muchos de ellos no han llegado a la frontera en caravanas sino contratando los servicios de “coyotes” e incluso policías, quienes a veces eligen ciudades metropolitanas -como Monterrey- para después desplazarse a ciudades fronterizas -como Nuevo Laredo u otras de Tamaulipas-, las cuales se caracterizan por los enfrentamientos criminales, las cuotas por paso, los retenes militares y migratorios; en suma, un paisaje de violencia y violación de derechos humanos que las y los migrantes intentan sortear en la frontera norte de México aferrándose a la “esperanza” migratoria trazada por Joe Biden.
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