Por Agencias
Ciudad de México.- En la nueva ofensiva legal emprendida con la idea de poner fin a su calvario en prisión, Rosario Robles Berlanga ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) declararse culpable del delito de ejercicio indebido del servicio público, cumplir una pena de cárcel de 6 años mediante un juicio abreviado y cubrir una multa de 5 mil pesos.
El ofrecimiento, sin embargo, se queda corto, pues la FGR reclama el pago por los daños causados al erario por la llamada Esta Maestra, cuyo monto alcanza los 5 mil 500 millones de pesos, amén de cumplir con una pena de no menos de 21 años de cárcel.
Pero la defensa de Robles ha rechazado reiteradamente esto último bajo el argumento de que a su clienta se le acusa de omisión no de desvío de recursos.
El pasado 26 de febrero, luego de que el juez del caso difirió la audiencia intermedia para el 26 de marzo, -precisamente ante la falta de consenso entre las partes-, el abogado de Robles Berlanga, Epigmenio Mendieta, declaró públicamente que la Fiscalía había incumplido con acercarse a la ex funcionaria, ante la insistencia de la dependencia para que reciba una condena de 21 años de cárcel, y acredite el pago de más de 5 mil millones de pesos como reparación del daño por la llamada Estafa Maestra.
Sin embargo, el abogado Epigmenio Mendieta reiteró que la exigencia de la FGR era improcedente, debido a que a la ex funcionaria no se le había vinculado a proceso por algún delito con el que se le atribuye el desvío de dichos recursos, sino con el de la omisión de resultado formal.
El martes 2 de marzo, en el noticiario Ciro por la Mañana se dieron a conocer fragmentos de la audiencia que se llevó a cabo el viernes 2 desde el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Sur. En ellos, Rosario Robles denunció ante el juez que ha recibido un trato diferenciado respecto a otros imputados, de quienes sin revelar nombres acusó: “fue trasladado en helicóptero a un hospital, sin pisar la cárcel”; así como de “personas que tienen en esta misma causa un criterio de oportunidad”, en clara referencia al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y a Emilio Zebadúa, su ex oficial mayor en las dos dependencias en las que ella estuvo a cargo.
“Estoy convencida de mi inocencia, pero estaba dispuesta a anticipar esto por el daño a mi familia. Reitero mi solicitud y quiero dejar claro el trato desigual”, sostuvo ante el juez al referir que después de año y medio, ella era la única que estaba padeciendo el estar recluida en prisión, luego de que el 13 de agosto de 2019 fue internada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. (Apro).
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