Por Agencias
Cancún, Quintana Roo.- La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción informó que está radicada la investigación contra Mara Hermelinda Lezama, alcaldesa de Benito Juárez (Cancún), por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La denuncia interpuesta por Flor Tapia Pastrana, de la asociación civil Opus Magnum, fue interpuesta el 8 de septiembre y ratificada el 14 de octubre de 2020.
Se trata de una denuncia ciudadana que empezó por la afectación de vecinos, pero al documentarse se dieron cuenta que se trataba de conductas relacionadas con presunto lavado de dinero.
Con pruebas documentales y testimonios de vecinos perjudicados, la denuncia señala a Lezama de ceder el patrimonio territorial a una empresa a cambio de la donación de lo que se conoce como la Casa Blanca.
En entrevista con La Jornada, la activista social dio a conocer que «denunciamos que la presidenta posee y habita en la unidad condominal 69 en Puerto Cancún, la famosa Casa Blanca».
Sobre esta propiedad explicó que se realizó una permuta con la empresa Tarjetel del Sureste S.A de C.V que la transfirió definitiva e irrevocablemente mediante el acta de cesión de derechos P. A112.433 e involucra a Buró inmobiliario América S.A de C.V.
El ayuntamiento solapó la anexión de 15 mil metros cuadrados de área protegida por Fonatur al terreno donde estaba un club con 18 mil metros cuadrados y esa propiedad de 33 mil metros cuadrados lo permuta la autoridad municipal al Buró Inmobiliario América para la apropiación de Tarjetel del Sureste.
A cambio, la alcaldesa recibió la Casa Blanca que tiene un valor de 4 millones de dólares. Las escrituras públicas de ambos inmuebles, de número 4724 y 112 403, están contenidas en las denuncias presentadas.
De manera inicial, la denuncia se presentó ante la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (Seido), con el número de caso 373/2020 de 2 de julio, y de manera paralela ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero se encuentran detenidas pese a contar con documentos probatorios de los delitos cometidos por servidores públicos y particulares. (La Jornada).






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