Por David Zárate Cruz
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El ayuntamiento de Tampico deberá pagar 76 mil 891.21 pesos por indemnización constitucional y salarios caídos y otros conceptos a una notificadora del impuesto predial despedida injustificadamente, ya que mediante la ejecutoria 1356/2019 magistrados federales negaron amparo a la autoridad municipal por ser inoperantes sus argumentos jurídicos, ya que relevar al trabajador de la prueba laboral constituyen principios en la materia.
La magistrada Estela Platero Salado, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, determinó que es inoperante lo relativo a la indebida aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo en torno a la carga probatoria sobre el despido injustificado, pues si bien el tribunal responsable acudió a los artículos 784 y 804, que prevén expresamente que se relevará al trabajador de probar, entre otras cuestiones, esas premisas legales constituyen principios en materia laboral.
El 12 de julio de 2019, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Tcatsem) emitió el Laudo del expediente laboral 452/M/2016, mediante el cual condenó al ayuntamiento de Tampico al pago de la indemnización constitucional, salarios caídos, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, ante lo cual el municipio recurrió al juicio de amparo.
La magistrada Estela Platero Salado, a quien correspondió estudiar el asunto, determinó que la carga dinámica de la prueba conlleva que debe aportar las probanzas quien esté en mejor posición o condición de hacerlo, ya sea por cuestiones técnicas, profesionales, fácticas o de mejor oportunidad, en un contexto de buena fe y solidaridad procesal, frente a situaciones de insuficiencia probatoria de la contraparte que objetivamente es necesario atender.
Finalmente, resolvió que es inoperante lo aducido en el caso en estudio, donde el Tribunal responsable sostuvo que la parte actora demostró su acción con el testimonio de testigo, y ante la falta de prueba plena que contradijera sus manifestaciones, generaba certidumbre de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que aconteció el despido; ante lo cual propuso negar el amparo, lo cual fue aprobado por el pleno judicial.







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