Por David Zárate Cruz
Nuevo Laredo, Tamaulipas.- El Poder Judicial Federal obligó a la Oficialía Segunda del Registro Civil de Nuevo Laredo a registrar el nacimiento de un menor homoparental (padres del mismo sexo) nacido en el extranjero, en cumplimiento a la sentencia 158/2020, que otorgó el amparo ante la excusa de la institución estatal en el sentido de que los formatos resultaban incompatibles para asentar los datos.
El Juez Juan Marcos Olguín Rodríguez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Nuevo Laredo, resolvió: «se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio, archívese el presente juicio de garantías como asunto concluido».
Es decir la autoridad estatal ya llevó a cabo el registro del menor, otorgándole el acta de nacimiento respectiva, con lo cual garantiza la calidad de mexicano y dándole la seguridad jurídica y constitucional a la que tiene derecho.
El 24 de agosto del 2020, la pareja homoparental acudió ante el Poder Judicial Federal en Nuevo Laredo para presentar demanda en contra de la Oficialía Segunda del Registro Civil, por la negativa del registro y autorización del matrimonio celebrado en el extranjero, así como el registro del menor fruto del matrimonio homoparental, lo cual consideran como violatorio de diversas garantías constitucionales.
El Juzgado emitió la sentencia otorgando el amparo para que se deje insubsistente el oficio 766 de 10 de diciembre de 2019, sólo en cuanto la respuesta a la solicitud para el registro de nacimiento del menor de matrimonio homoparental, y se emita una nueva contestación, donde reitere lo concerniente de los requisitos para registrar el acta de matrimonio en el extranjero; y con libertad de decisión, se pronuncie respecto la procedencia o no de la solicitud de registro de nacimiento del menor de matrimonio homoparental.
Esto, con los requisitos necesarios para ello, pero sin exigir que los padres sean una mujer y un hombre; esto es, se abstenga de negar el registro de nacimiento, y en el entendido que no puede ser motivo para denegar el servicio de registro la eventualidad de que los formatos de actas resulten incompatibles, sino que en todo caso, la autoridad registral deberá adecuar inmediatamente los formatos a la realidad social y al marco constitucional.







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