Por David Zárate Cruz
Tampico, Tamaulipas.- Desde el 10 de noviembre 25 integrantes del ayuntamiento de Altamira no han dado contestación a una ciudadana que les solicito que en el Presupuesto de Egresos del 2021 incluyeran 993 mil 801 pesos, para que le pagaran una condena de laudo laboral, por lo que mediante la sentencia 865/202 el Poder Judicial otorgó el amparo, no obstante lo cual desde hace seis meses no han cumplido.
La Juez Alejandra Ugalde Pérez, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Tampico, determinó que los ediles no han acatado el artículo 8° de la Carta Magna, ya que tienen la obligación de acreditar que han dado contestación por escrito a la petición de la ciudadana, en breve término y congruentemente con lo pedido y no únicamente manifestar que su petición está en análisis para poder acordar conforme a derecho dado que a su juicio no ha concluido el breve término que tienen para acordar dicha petición.
Por tanto, es evidente que las autoridades responsables no cumplieron con el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que no existe constancia de que hubieran contestado la petición que les fue formulada por la impetrante, ni tampoco durante el trámite del presente controvertido constitucional, mucho menos que ésta se hubiese hecho del conocimiento de la promovente del amparo.
La Juez señaló que, en consecuencia, se encuentra acreditado en autos que la ciudadana formuló la petición referida con apoyo, entre otros, en el artículo 8 Constitucional, escritos de 9 de noviembre de 2019 en los que solicitó se contemple en el presupuesto anual de egresos para el ejercicio fiscal 2021 la cantidad de 993 mil 801.68 pesos, que corresponden a la condena actualizada en el laudo dictado a su favor en el expediente laboral 74/1/2011 del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje.
El Juzgado emitió la sentencia otorgando el amparo para que los 25 integrantes del ayuntamiento de Altamira den respuesta al mencionado escrito, en la inteligencia de que si las autoridades señaladas como responsables no son competentes para acordar lo conducente, deberá emitir un acuerdo en el que señalen tal circunstancia y lo remita a la legalmente competente para ello, lo que de igual forma deberá hacer del conocimiento al Juzgado.
Los condenados a cumplir la sentencia son:
Alma Laura Amparán Cruz, presidenta municipal; Serapio García Martínez y Maricela Cervantes Cepeda, síndicos; Ernesto García Juárez, Silvia Soveida Torres Castro, Daniel Pedroza Guerrero, Juana Guadalupe Partida Pérez, Aurelio Reyna Jiménez, Verónica González Juárez, Jesús Molina Tlapa, María Leonor García López, Felipe Félix Licona Espinosa, María Elia González Camacho, Adán Alejandro Álvarez Izaguirre, Keila Samantha Castillo Compeán; Herminio Castro Pérez, en su carácter de secretario; y Silvia Rodríguez González, Lorena Sofía Esteves Hernández, Eulogio Sánchez de la Rosa, Luz Esmeralda Moreno González, Lázaro Contreras, Flor María Carreón Sánchez, José Martín Luna Ávalos, y Alfonso Ríos Solís, regidores.
Discussion about this post