Por David Zárate Cruz
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobierno de Tamaulipas deberá reinstalar y pagar las cuotas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado (Ipsset) de tres meses de un auxiliar administrativo de la Secretaria de Administración ya que mediante la ejecutoria 346/2020 magistrados federales le negaron el amparo en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios (Tcatsem).
El magistrado Guillermo Cuatle Vargas, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, determinó que el Estado yerra cuando sostiene que la fracción IV del artículo 9° de la Ley de la Unidad de Unidad de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas lo exime de proporcionar seguridad social a los trabajadores sujetos a contrato, porque acorde con el texto de ese apartado no se ve dicha exclusión, sino que define lo que debe entenderse por servidor público.
El 24 de enero del 2020, el Tcatsem emitió el Laudo del juicio laboral 370/E/2016, mediante el cual condenó a la Gubernatura del Estado a la reinstalación del actor en el puesto de trabajo en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando y, a la inscripción retroactiva y pago de cuotas ante el Ipsset únicamente por el periodo del 16 de julio de 2007 y hasta el 30 de septiembre de 2007, entre otros, ante lo cual el gobierno el Estado recurió al juicio de amparo.
El Magistrado Guillermo Cuatle Vargas, determinó que este Tribunal Colegiado no puede avalar la idea de que la condición o estatus de trabajador sujeto a contratos por tiempo determinado, eventual o supernumerario, exima a la patronal de brindar seguridad social, porque el acto jurídico que condiciona tal derecho previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal, así como su ley reglamentaria, es la existencia de una relación de trabajo con las dependencias.
Además, se sostiene que quien cubrió las aportaciones de seguridad social del accionante es el demandado, aquí quejoso, máxime cuando en el juicio laboral de antecedentes no se alegó ni se probó que la relación de trabajo se entablara con diversa empleadora; de ahí que sea infundado el razonamiento en el sentido de que la autoridad responsable valoró erróneamente la prueba de que se trata, ante lo cual el pleno judicial le negó el amparo.







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